Por Valentín Varillas
Joya de texto, el que publicó ayer Carlos Urzúa, el primer Secretario de Hacienda de la 4T, en El Universal.
Muestra un panorama complicado en materia económica para los próximos tres años, pero sobre todo, en el último de la administración de Andrés Manuel López Obrador.
Para muchos, no se trata de ninguna novedad; es más, en base a lo visto en la primera mitad de la actual administración, se trata simplemente de un “strike cantado”.
Pandemia, falta de pericia en el manejo de las finanzas públicas y la incapacidad de generar condiciones de certeza y confianza para la atracción de inversión productiva, son elementos que inciden en el errático desempeño económico del país.
Sin embargo, el mayor daño a las finanzas públicas de la nación se explica en términos de la política asistencial que se ha ensayado este supuesto gobierno del cambio.
Y el texto de Urzúa se centra precisamente en cómo, nuevamente, con criterios clientelares, político-electorales, se seguirá manejando el dinero del país.
Hay un punto específico que destaca el ex funcionario y que en términos de opinión pública y publicada ha pasado prácticamente desapercibido.
Nos recuerda que en marzo de este 2021, AMLO ratificó una promesa hecha desde campaña: el aumento hasta los 6 mil pesos bimestrales en el 2024, por concepto de transferencias para adultos mayores.
Nada nuevo.
Lo que destaca Urzúa en su análisis es que el presidente decidió “reducir la edad de acceso a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, de los 68 a los 65 años”.
Hasta el año pasado, cita el autor, había 7.4 millones de mexicanos con 68 años o más.
El gobierno gastó entonces, por este concepto, 120 mil millones de pesos tan solo en el 2020, 0.5% del PIB.
Y hace el siguiente ejercicio de aritmética básica, que al revisarlo se ponen los pelos de punta:
“Ahora bien, dado que al dividir el nuevo monto (6,000) que se otorgará en 2024 por el que se tuvo en el año 2020 (2,700) se obtiene el cociente 2.22, se podría pensar que basa multiplicar este último número por 120 mil millones para estimar la erogación que se tendrá que hacer a final del sexenio”.
Y agrega:
“…la edad mínima requerida se redujo de 68 a 65 años de edad y además el porcentaje de adultos mayores crece aceleradamente. Así pues, la erogación por este concepto al final del sexenio podría ser del orden de los 360 mil millones de pesos. En términos del PIB actual, esta cifra represente alrededor del 1.5%”.
Es decir, el triple de lo que actualmente se destina.
En la óptica de Urzúa, este dispendio de recursos afectará a rubros prioritarios como la salud, la educación y la seguridad pública, fundamentales para el desarrollo del país.
Estas líneas no llamarían tanto la atención, si no hubieran sido escritas por quien, por un período de siete meses, fue Secretario de Hacienda del gobierno federal.
Este hecho, simplemente, le da una dimensión completamente distinta a lo publicado.
Y es que, la lógica más básica supondría que, para aceptar el cargo que López Obrador le ofreció en el servicio público federal, Carlos Urzúa tendría que haber estado de acuerdo con el modelo económico propuesto por el hoy presidente.
Un modelo económico que no nació ayer y que no ha sido modificado ni un milímetro en el tiempo que ha transcurrido desde su renuncia a la SHCP.
Él mismo tuvo la tarea de implementarlo en el breve tiempo que despachó al frente de la secretaría.
¿Qué pasó?
¿No conocía la visión que tenía Andrés Manuel de lo que debe ser la economía?
¿Nadie le dijo?
¿No investigó?
¿Lo engañaron?
O simplemente tuvo una epifanía a partir de su salida de la burocracia dorada, una revelación divina que lo sacó del error y lo obligó darle un giro radical a sus creencias y forma de pensar.
