Dirigente del Movimiento Antorchista Nacional
Ante el legítimo reclamo de varios miles de campesinos mayas que perdieron sus cosechas de maíz en el Estado de Quintana Roo, el gobierno del Estado, a través del titular de la Secretaría de Desarrollo (¡¿) Agropecuario, Rural e Indígena, SEDARI, Gabriel Mendicutti Loria, ha desatado una feroz campaña de intimidación y amenazas en su contra y en contra de los antorchistas, acusando a éstos de ser los instigadores de la inconformidad de los damnificados. Lo cierto es que los campesinos, al borde de la hambruna y la desesperación, comenzaron a manifestarse por su cuenta, ya que, como entiende cualquiera, el hambre y la necesidad no necesitan de consejeros para buscar una salida y reclamar satisfacción. Los dirigentes antorchistas de Quintana Roo, encabezados por el modesto y valiente luchador social Dimas Romero González, no han hecho nada más que lo que han venido haciendo desde hace ya más de diez años, como le consta al gobierno de Quintana Roo, esto es, ponerse a la cabeza de los damnificados que militan en las filas de Antorcha Campesina para encauzar su lucha por la vía pacífica y legal pero, eso sí, con toda energía y decisión. No son, pues, unos vulgares “oportunistas” como los ha calificado un diario peninsular que navega con bandera de “crítico del sistema”, ni Dimas busca llevar agua a su molino o “juego político”, como han vociferado varios medios inescrupulosos de circulación estatal.
Apoyándose en el hecho cierto de que un numeroso grupo de inconformes cerró la carretera que comunica a Chetumal con Cancún, (mismos que fueron desalojados con lujo de violencia y con una prontitud que se echa de menos en la atención de sus demandas), todos los medios informativos locales, sin excepción, desencadenaron una verdadera y amenazante tempestad de injurias, calumnias, acusaciones infundadas y descaradas e insistentes llamados a ejercer la represión contra Dimas y sus colaboradores. De ahí la necesidad de la presente aclaración que comienzo por lo sustantivo. Se les acusó de ser los instigadores y promotores del cierre de la vía Chetumal-Cancún, imputación que el gobierno del Estado sabe muy bien que es falsa.
Ni Dimas ni ningún antorchista tuvo que ver con el incidente, y que no fue, por tanto, ningún acto de cobardía o de traición a los campesinos el que ninguno de aquellos se hallara al frente a la hora del violento desalojo. No estaban porque no tenían nada qué hacer ahí. Sin embargo, a pesar de que Dimas hizo la aclaración y el deslinde oportunos, la tempestad de injurias y amenazas siguió con redoblada furia, de donde se colige que no fue un error o confusión de los reporteros, sino un ataque lanzado desde las oficinas de quienes desean escamotear su indemnización a los labriegos.
Otra acusación fue que, habiendo ya los campesinos aceptado los cuatrocientos cincuenta pesos que les ofrece el gobierno, fueron Dimas y los antorchistas quienes los incitaron a rechazar “la ayuda” y a rebelarse exigiendo más dinero. Absolutamente falso también. Si algunos damnificados habían aceptado el fraude oficial, los antorchistas ni los conocen ni los han visto por ningún lado. Lo que sí saben y afirman es que la gente organizada con Antorcha jamás aceptó tal acuerdo; lo que aceptaron fue el ofrecimiento del señor gobernador, Félix Arturo González Canto, consistente en 450 pesos del gobierno, 200 kg. de maíz por familia y su intervención para que PROAGRO pagara el otro 50% de la prima de aseguramiento. Si este acuerdo fracasó, no fue por culpa de los antorchistas ni de los campesinos, sino de los “operadores” del señor Gobernador que, a la hora de los hechos, desconocieron el compromiso.
Dejando a un lado razones como la justicia social o la necesidad de oficio político (conceptos que les deben sonar a chino paleolítico a los funcionarios de Quintana Roo), me limito a reafirmar que la exigencia de los campesinos es absolutamente legal de acuerdo con las propias afirmaciones oficiales. En efecto, según SAGARPA Y SEDARI, el gobierno, a través de PROAGRO, aseguró 75 mil hectáreas de maíz a razón de novecientos pesos por hectárea (reitero: novecientos pesos y no cuatrocientos cincuenta, como les ofrecen hoy), y aunque quedó convenido un tope máximo de cosecha para considerar siniestrada una hectárea de maíz, también se acordó que la evaluación se haría hectárea por hectárea y con la participación de la parte interesada.
La inconformidad nace de que, sin ninguna razón válida, ahora se les quiere pagar sólo la mitad de lo acordado, no proporcionarles ninguna ayuda adicional ni en maíz ni en frijol (como se ha hecho anteriormente) y, además, sólo a quienes, unilateralmente, PROAGRO declara probadamente dañados. La demanda es, pues, un recuento en los términos firmados y que, al que resulte siniestrado en esos términos, se le paguen los novecientos pesos que reza el contrato y no sólo la mitad, como quiere el gobierno.
¿Dónde está aquí el abuso que alegan los funcionarios del gobierno y los medios? ¿Dónde está el crimen de Dimas al apoyar estos legítimos reclamos? Afirmar que los campesinos protestan porque Dimas los soliviantó con fines aviesos, como hace el gobierno de Quintana Roo para no pagarles lo debido, es tratarlos no sólo como a molestos pedigüeños, sino también como a verdaderos estúpidos que no saben, siquiera, lo que les conviene. Y es de este brutal menosprecio de dónde nacen todos los desaciertos con que los tratan los soberbios funcionarios del gobierno quintanarroense. Finalmente, Dimas Romero González es un luchador social bien probado por el paso del tiempo. Ni oportunista, ni arribista, ni “guerrillero”, ni politiquillo en busca de “juego”. Quienes así lo tratan, no lo hacen porque dispongan de elementos serios para hacerlo, sino por “encargo” o porque, como dice la sabiduría popular, “el conejo cree que todos son de su pellejo”. Con su pan se lo coman.
