Por Valentín Varillas
En tiempos de la 4T, la narrativa del fraude se da desde lo más alto del poder político, no desde las filas de la oposición.
Como en ningún tiempo pasado, como en ningún lugar del mundo.
Antes, se acusaba a los gobernantes en turno y al partido en el poder de tener sometidos a los órganos encargados de la organización y calificación de los procesos electorales, en aras de mantener el status quo mantenerse en la hegemonía nacional.
Lo anterior, debido al control absoluto de todo lo que tuviera que ver con la vida pública del país y los millonarios recursos públicos que se destinaban para este fin.
Hoy es al revés.
El presidente y sus corifeos adelantan una posible alteración de la voluntad ciudadana expresada en las urnas, a través de una perversa complicidad entre el árbitro de la contienda y quienes representan a la oposición.
Esa que anda como nunca debilitada y alicaída.
La que no tiene dinero, influencia ni poder como para poderlo controlarlo todo, tal y como se hace desde la oficina principal de Palacio Nacional.
Demencial.
Esto puede explicarse a partir de que, como algunos aseguran, los números que le llegan al presidente no son lo que se esperaba en el presupuesto electoral original.
Que el propio desgaste en el ejercicio del poder empiece a afectar a Morena y sus aliados y que la tan anhelada mayoría calificada -esa obsesión que consume el tiempo y el discurso de López Obrador- se vea en los hechos cada vez más lejana.
Pero también, no hay que olvidar que la narrativa del fraude electoral es el mito fundacional de la Cuarta Transformación.
Sin ella, AMLO no sería presidente.
Explotarla hasta el cansancio a partir del desaseado proceso del 2006, le permitió al jefe del ejecutivo federal llegar hasta donde está ahora.
Y todo parece indicar que esta estrategia sigue teniendo su mercado.
Cada vez menor, pero existen ciudadanos que la creen a pie juntillas.
No importa que con este INE y estas reglas, AMLO haya llegado a convertirse en el presidente más legítimo de la historia en una elección ejemplar por su altos niveles de participación.
El victimismo ha sido y será la columna vertebral del discurso público en este gobierno.
Sin embargo, existe un peligro real que no se quiere ver.
No es lo mismo asegurar que las instituciones se pervirtieron para favorecer a un grupo político en específico, como candidato a como presidente.
No es igual convocar a la movilización y las protestas, a la desobediencia civil, desde la oposición, que desde el propio gobierno.
Hay una diferencia abismal.
Con toda la fuerza de Estado mexicano y sobre todo, con el uso legítimo de las Fuerzas Armadas y de las instancias en materia de seguridad pública.
Un llamado a no reconocer los resultados de la elección, desde el poder mismo, podría ser una auténtica receta para el desastre.
Un escenario postelectoral potencialmente catastrófico, que pondría a prueba, como nunca antes, la fortaleza de nuestro entramado institucional.
A ver si estamos, todos, a la altura del reto que viene.
