Por Valentín Varillas
Qué bueno que exista la posibilidad real de que se inicien proceso legales en contra del que fuera Secretario de Seguridad Pública estatal, Raciel López y el resto de los mandos despedidos recientemente de la dependencia.
Y es que, de haber actos probados de corrupción, la salida de estos personajes de la administración pública poblana, simplemente no basta.
De ser así, se rompería por fin una larga cadena de complicidades entre los gobernadores en turno y quienes ellos mismos designaron para echar a andar sus respectivos programas en materia de seguridad.
Estos mandatarios, en su momento sabían que sus colaboradores habían traicionado su compromiso de servicio a la ciudadanía, para operar como auténticas bandas delincuenciales.
Con todos los beneficios que esto supone, pero a costa del irremediable daño que hicieron al tejido social.
El más sonado de estos casos, sin duda, fue el de Facundo Rosas.
El gatillero de Moreno Valle salió del gobierno estatal, no cuando un grupo de policías a su cargo asesinaron al niño José Luis Tehuatlie Tamayo, sino cuando el Ejército Mexicano expuso la red de protección y alianzas que había tejido con las bandas dedicadas al robo y venta de combustible de Pemex.
Solo así y porque el escándalo trascendió al plano nacional e internacional, Rafael optó por el despido.
Únicamente cuando dimensionó el potencial daño que tendría para su imagen y proyecto presidencial el mantenerlo a sangre y fuego, tomó la decisión.
Una de las más difíciles de su sexenio, por el altísimo nivel de complicidad que había entre estos dos personajes.
Facundo jamás enfrentó una acusación formal por todo esto.
Los paganos fueron Marco Antonio Estrada López, director general de la Policía Estatal y Tomás Méndez Lozano, encargado del Grupo de Operaciones Especiales.
Nada más.
Como si se mandaran solos.
Como si ellos hubieran sido capaces de llegar a acuerdos de tan alto nivel con la delincuencia organizada, sin su conocimiento y sin el aval del propio Moreno Valle.
Como si a sus carteras hubieran ingresado los cientos de millones que les dejó el hucahicol.
Ese que creció nada más 3 mil por ciento en Puebla, durante los gobiernos panistas.
El único problema legal que enfrenta Facundo Rosas tiene que ver con el juicio que enfrenta en Estados Unidos quien fuera su jefe y amigo, Genaro García Luna, pero nada que se relacione con su oscuro paso por la administración pública poblana.
Ya es tiempo de que se rompa esta cadena de impunidad y qué bueno que por fin estén dadas todas las condiciones para que esto suceda.
