Si usted piensa que con la desarticulación de empresas como Sitma, Invergroup y Coofía, se ha eliminado el riesgo de que más poblanos puedan perder su patrimonio por la operación fraudulenta de financieras que operan bajo esquemas de alto riesgo, le comento que, tan sólo en el estado de Puebla, funcionan por lo menos ocho empresas más que legalmente están constituidas de manera idéntica que Financiera Coofía.
Buena parte de ellas operan en municipios de la entidad con altos índices de migración y en teoría ofrecen una posibilidad de mayor rentabilidad al dinero que envían a sus familias los poblanos que viven en los Estados Unidos.
Los requisitos para abrir una cuenta son mínimos (credencial de elector y comprobante domiciliario) por lo que se vuelven la única opción para personas que no pueden acceder a los servicios de la banca tradicional.
Estas son las empresas que operan bajo el mismo esquema que Coofía:
Caja Arturo Márquez, Caja de Ahorro y Servicios Bampeco, que nació del Banco del Pequeño Comercio que operaba sobre todo con locatarios de diferentes mercados; Caja Depac Poblana, Caja del Valle de Atlixco, Caja Solidaria Cafen Chichiltik, Caja Solidaria Tosepantomin y Finrural,.
Todas están protocolizadas como Sociedades Civiles o Sociedades Civiles de Responsabilidad Limitada, o sea que funcionan a sabiendas de que en un problema como el de Coofia no podrán hacer frente a una corrida, porque el dinero esta prestado sin reglas sanas de operación.
Al igual que Coofía, todas ellas operan bajo el régimen de “prórroga condicionada”, por lo que, según lo establece la Ley de Ahorro y Crédito Popular, con apoyo de la Federación “tienen un plan de trabajo que les ayuda para cumplir con todos los requisitos de la Ley para que puedan ser autorizadas (es decir que se encuentran en proceso de regularización)”.
Lo curioso del caso es que esta misma ley ha favorecido la proliferación de empresas que operan bajo la prórroga condicionada, ya que las modificaciones aprobadas a los transitorios han podido prorrogar los plazos para que las cajas de ahorro que trabajan bajo los esquemas de Sociedades de Ahorro y Préstamo Uniones de Crédito, Sociedades Cooperativas, entre otras, se adecúen a alguno de los dos tipos de entidades establecidas por la Ley, apegándose a la normatividad.
En este contexto, este tipo de empresas podrán seguir ofreciendo sus servicios hasta el 31 de diciembre de 2012 bajo la supuesta “supervisión estricta de auditores federales” para evitar fraudes.
Estos mismos supervisores de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores fueron los que emitieron un reporte en donde alertaban del riesgo que significaba la operación de financiera Coofía, reporte que jamás se hizo público para alertar a los ahorradores, sino que además, en su momento, fue ignorado por las autoridades poblanas.
La propia Condusef, a través de la revista que edita: “Proteja su Dinero”, en el número de Agosto, alerta sobre la posibilidad de fraudes realizados con empresas con “prórroga condicionada”:
“Es importante advertir que en esta etapa de transición todavía existen entidades que, sin tener ninguna autorización, continúan operando, poniendo en riesgo el dinero de los ahorradores e ignorando la Ley que les prohíbe funcionar como tal.
“Las entidades que trabajan bajo “prórroga condicionada” cuentan con un “sello de garantía” que contiene la leyenda: “NOS ESTAMOS REGULARIZANDO POR LEY”. Éste deberá ser colocado en un lugar visible”.
Nada de lo anterior se cumple en los hechos.
Ni los candados, ni la supuesta supervisión oficial.
Cómo ve, son las propias leyes las que favorecen la aparición de empresas fraudulentas.
latempestad@statuspuebla.com.mx
