Por Valentín Varillas
La decisión de la justicia de los Estados Unidos de retirar todos los cargos en contra del general Salvador Cienfuegos es histórica.
Lo es, no porque no se tengan todos los elementos necesarios para procesarlo en ese país, sino porque se le “cede” generosamente esa facultad a la Fiscalía General de la República.
Un auténtico garbanzo de a libra para las autoridades mexicanas.
Un regalo valiosísimo con un muy amplio potencial de explotación.
En todos los ámbitos y desde varias ópticas.
Y es que, a partir de ahora, el gobierno de la República podrá utilizar a su antojo el caso Cienfuegos en los términos que más le convenga.
Puede desestimar la investigación gringa y sumarse después de un tiempo a la declaración de inocencia del ex titular de la Defensa Nacional, como guiño al Ejército Mexicano.
Otro signo más de buena voluntad con un sector que ha recibido un trato preferencial en este gobierno, en muchos aspectos, a cambio de una institucionalidad a prueba de todo.
A la élite castrense nacional no le gustó para nada que uno de sus principales cuadros, un miembro del centro neurálgico de la toma de decisiones al interior de las Fuerzas Armadas, haya sido tratado como delincuente en el vecino país.
Bajar el tema en territorio nacional le brinda protección, no solo al directamente involucrado, sino a una serie de cuadros que hoy figuran en un primerísimo plano de la vida militar mexicana y que en su momento trabajaron muy de cerca con Cienfuegos en el sexenio anterior.
Y es que, ese mundo se mueve con reglas muy distintas a las de la vida civil.
Ahí, se sigue una meritocracia interna muy bien definida y quien la cumpla, tiene derecho a aspirar a los cargos más importantes y evidentemente al de mayor envergadura: el de Secretario de la Defensa Nacional.
Más allá de ideologías, signos, colores o partidos.
Exonerar a Cienfuegos es inyectarle dignidad y confianza a una institución fundamental en la gobernabilidad del país.
Pero también hay otra opción.
Y tiene que ver con el potencial uso electoral del tema.
Exhibir al ex secretario como parte de un narco-estado que ha sentado sus bases en México en los gobiernos del PRIAN y que hoy se quiere combatir caiga quien caiga.
Se trata de una arma letal demoledora, que significaría en la práctica contar con una ventaja competitiva importantísima para el partido en el poder, en medio de una coyuntura política fundamental para la 4T.
La investigación ya está hecha por los vecinos del norte.
Únicamente habría que retomarla y dejar que la FGR se cuelgue todas las medallas, aunque por justicia no le corresponda ni una sola.
Bajo esta lógica, el tema daría para mucho más.
Las declaraciones de Cienfuegos ante tribunales norteamericanos, seguramente contienen datos valiosos sobre otros involucrados en este perversa relación entre autoridades y crimen organizado.
De esta madeja se puede sacar hilo durante mucho tiempo, más allá inclusive del proceso del 2021.
Y ahora sí, sería el auténtico “caiga quien caiga”.
Ya no podría haber marcha atrás.
Si sobre un hombre de la talla de Cienfuegos cae todo el peso de las leyes mexicanas, entonces sí, nadie está a salvo.
Ni siquiera el ex presidente Peña Nieto, con todo y los supuestos pactos de impunidad acordados con el actual grupo en el poder.
Ahora se entiende el por qué el espaldarazo electoral de López Obrador a Trump y la negativa de reconocer inmediatamente a Joe Biden como ganador.
