Karina Fernández |
Con 40 feminicidios que Puebla acumula de enero a septiembre, reconocidos por la Fiscalía General del Estado (FGE), la presidenta de la comisión de Igualdad de Género, Rocío García Olmedo otorgó el beneficio de la duda al desempeño de María Eugenia Calderón como encargada de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género y de la Mujer.
Explicó que hace apenas unos meses (en mayo) asumió el cargo; además argumentó que a la fiscalía llegan las denuncias para la investigación por estos hechos que deben evitarse con políticas públicas de prevención y atención que no han sido generadas desde el gobierno del estado.
“Debemos irnos a la raíz de toda esta problemática y la prevención y la atención le corresponde a las campañas, a las acciones de política pública, a lo que quieran implementar desde el gobierno del estado”, abundó.
La legisladora del tricolor consideró que los 40 feminicidios de poblanas deben poner al estado en semáforo rojo en la comisión de este delito para que se atienda desde varias trincheras, por ejemplo con políticas públicas y capacitación de servidores públicos encargados de esclarecer los hechos.
Recordó que el Congreso de Puebla está preocupado por estos hechos por lo cual recientemente aprobó un exhorto para que la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública rindan un informe bimestral con más cifras oficiales de las mujeres víctimas de feminicidios.
“Se exhorta al Titular de la Fiscalía General del Estado de Puebla y al Titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, para que instruyan y proporcionen bimestralmente las cifras oficiales de las mujeres víctimas de feminicidios a fin de dar a conocer las cifras reales, y transparentarlas, como también las estrategias para prevenir este delito en seguimiento a los llamados de auxilio de todas las mujeres que están viviendo violencia, con el fin de erradicar esta problemática latente”, se observa en el documento.
García Olmedo recordó que la violencia hacia las mujeres empeoró con la pandemia por COVID pues con el confinamiento obligado en el hogar las poblanas violentadas tuvieron que convivir con sus agresores en un entorno social y económico complicado que derivaron en casos de violencia familiar.
