Por Jesús Manuel Hernández
La descalificación, a veces burlona, de los protagonistas principales de la 4T, a los medios de comunicación, se ha convertido en una práctica común, sobre todo en boca del Presidente López Obrador.
Si bien el recurso también usado por gobernadores, como el de Puebla, su trascendencia es sin duda en las conferencias matutinas del Ejecutivo.
El diario Reforma, un exclusivo periódico a cuyo portal solo pueden acceder quienes pagan una suscripción, se convirtió en el pasado en la bandera de la libertad de expresión por haber encabezado investigaciones donde los gobiernos estatales y federales no salían bien parados.
Nadie debería dudar de su fuerza como medio de comunicación, ha sido un referente desde que llegó a la Ciudad de México, heredando la trayectoria, fama y línea editorial de El Norte de Monterrey, con marcado acento empresarial de los norteños.
La entrada de Reforma a la Ciudad de México no fue fácil, tuvo que luchar en las esquinas por colocar su edición impresa por los obstáculos impuestos por las mafias de voceadores y repartidores.
En las universidades de periodismo y comunicación se habla mucho de los casos El Norte, Excélsior y Reforma, como ejemplos del interés del gobierno por controlar a los periódicos críticos.
Pero también en las clases de periodismo se pone como ejemplo de amarillismo el enfoque de Reforma, que siempre ve todo desde un ángulo diferente al de la pretendida objetividad, idealizada en el periodismo de la postmodernidad.
Algún maestro explicaba en su clase que si el Reforma hubiera existido en la época cuando vivió Jesús, alguno de sus titulares hubiera sido “Jesús, el hijo de José y María, no sabe nadar” al relatar el pasaje cuando Jesús caminó sobre las aguas.
El caso es que la polémica iniciada desde hace varios años entre Andrés Manuel y la prensa controlada por los gobiernos priístas o panistas, se ha prolongado al ejercicio de la presidencia y las consecuencias son importantes para todos.
Los políticos de antes estaban acostumbrados a recibir loas y usar a los columnistas como mensajeros contra sus opositores, los convenios comerciales abarcaban la línea editorial y la aparición de algunas cabezas a “ocho columnas” sugeridas por el gobierno.
En el pasado los medios impresos dependían de la bondadosa entrega de papel de parte de Pipsa, la paraestatal responsable de la importación y venta de papel periódico, el primero y más eficaz método para controlar a los periódicos.
Después vinieron los negocios derivados de la posesión de un cabezal, de un periódico, y por supuesto hubo grupos políticos que animaron la instalación de diarios para ser usados como plataforma político electoral. Ahí está el caso de la llamada Organización Editorial García Valseca, ideada para lanzar a Maximino Ávila Camacho a la presidencia, desde Puebla.
Ojalá de esta confrontación salieron otros asuntos, como saber quiénes son los dueños de los medios de información, cuáles sus negocios laterales, cómo utilizan su fuerza periodística para alentar negocios con el gobierno, etcétera, sin duda saldrían muchos asuntos como, por ejemplo, los medios modernos, impresos, hablados o digitales que responden a los intereses sexenales, un asunto que en Puebla ha sido una constante en los últimos años.
O por lo menos, así me lo parece.
