¿Por qué de repente la súbita sorpresa de autoridades federales y estatales en torno al fraude de Coofía?
Hoy se muestran preocupados por el impacto social de semejante desfalco, cuando en su momento tuvieron todos los elementos para actuar, con mucho tiempo de anticipación en apoyo a los ahorradores.
¿Reconocerá la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que desde años, Financiera Coofía aparecía en su mapa de riesgos como un auténtico foco rojo?
Sí, lo sabían y no hicieron nada.
En el caso del gobierno estatal, hay también responsabilidades concretas.
¿Tendrá el valor, Gerardo Pérez Salazar, flamante Secretario de Finanzas y pseudo aspirante al gobierno de la capital, de admitir que a pesar de que se vende en círculos empresariales como un auténtico “experto en finanzas”, no pudo o no quiso medir las consecuencias de generar esquemas de colaboración con una empresa cuyas operaciones fueron siempre consideradas como de “alto riesgo”?
Como antídoto a los siempre convenientes ataques de amnesia que sufren los funcionarios públicos cuando se les relaciona con este tipo de escándalos, bien valdría la pena recordarle a Pérez Salazar algunas cuestiones que, ya sea por ineptitud o por complicidad, lo ligan necesariamente con el fraude de Coofía.
Primero, la orden concreta, que salió de su propia oficina, y que autorizaba a Financiera Coofía a recibir el cobro de impuestos estatales desde el 2007.
Es decir, el funcionario autorizó el hecho de que ciudadanos pudieran depositar su dinero, producto de sus obligaciones fiscales, a pesar de que la naturaleza jurídica de esta sociedad cooperativa establece que “es una organización sin fines de lucro y por lo mismo, no constituye ninguna forma legal de los intermediarios financieros”.
En resumen, la Secretaría de Finanzas firmó un convenio de colaboración con un intermediario financiero “patito”, cuya operación no es reconocida desde el punto de vista jurídica.
Muy bien, un gobierno que privilegia la ilegalidad como consecuencia de quién sabe qué tipo de compromisos.
Pero eso no es todo.
La Procuraduría General de Justicia recibió las primeras denuncias de los afectados desde hace meses, sin que se procediera a realizar con prontitud las investigaciones correspondientes que pudieran llevar al inicio del deslinde de responsabilidades.
Es más, el propio Procurador, Rodolfo Igor Archundia, recibió en propia mano un punto de acuerdo firmado por un grupo de diputados locales, en el sentido de tomar las medidas preventivas pertinentes para evitar la fuga de Valente Medina Seoane y demás responsables del monumental fraude.
No pasó nada.
Hoy, la propia autoridad encargada de procurar justicia se declara incapaz de cumplir con la orden de aprehensión girada en contra del autor intelectual del desfalco, de quien por cierto sólo se sabe que continúa prófugo.
En la BUAP el tema no es diferente.
A pesar de las voces que alertaban sobre los riesgos de entablar algún tipo de relación con Medina Seoane y sus secuaces, la máxima casa de estudios del estado también accedió a firmar un convenio de colaboración con Coofía.
Según declaraciones de la propia Abogada General de la institución, María Esther Gámez, hasta la fecha tienen una cuenta en donde se depositan los descuentos que todavía se les hacen a los trabajadores universitarios que en su momento tramitaron algún tipo de crédito con la empresa.
¿Qué destino tendrá ahora este dinero?
En este contexto, las autoridades no tienen elementos creíbles como para decirse sorprendidas por el terrible desenlace de esta historia, como no los tendrán tampoco una vez que estalle formalmente la bomba en Sitma e Invergroup, los próximos mega-fraudes financieros en puerta.
Ya lo verá.
TREGUA NECESARIA
La Tempestad y su columna hermana, Las Trampas de la Fe, tomarán un receso.
El martes 20 de octubre será el regreso.
Con todo lo que esto implica.
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