Por Valentín Varillas
El gobierno federal cuenta ya con una poderosa nueva arma, en el arsenal que utilizará para enfrentar el proceso electoral.
El caso Lozoya y la bandera de limpiar la vida pública nacional de actos de corrupción, tiene un potencial político importante en el posicionamiento de los partidos que pelearán los cargos de elección popular que estarán en juego el próximo año.
Sobre todo en un contexto en donde las cosas no le han salido nada bien a la actual administración.
Los saldos potenciales de la pandemia, en materia sanitaria, económica y social, tendrán un costo político importante para el presidente y sus aliados electorales.
Esto permeará a los gobiernos y liderazgos emanados del partido en el poder.
El optimismo con el que se intenta adornar la retórica oficial, queda sin efecto ante la complicada realidad que ya viven millones de mexicanos.
Y se pondrá todavía peor.
Las consecuencias de estos tiempos difíciles se vivirán en el país por mucho tiempo y tendrán un impacto directo en el sentido del voto de quienes acudan a las urnas en el 2021.
Por eso, el ajuste de cuentas con el pasado le viene, ahora, sí, “como anillo al dedo”.
Recordarle y mantener vigente en el imaginario colectivo del votante potencial, lo corruptos que fueron quienes en su momento tuvieron alguna responsabilidad en la política o el servicio público y que esto forma parte de un pasado superado gracias a la famosa 4T.
Sin embargo, para que el caso Lozoya sirva en los hechos para darle una ventaja competitiva al gobierno y su partido en la próxima elección, la Fiscalía General de la República tiene que hacer una investigación perfecta, sin la menor posibilidad de error.
Investigaciones escrupulosas que, más allá de filias y fobias –personales o políticas- demuestren sin la menor ambigüedad o duda, que los implicados llevaron a cabo conductas o actos ilícitos.
Si no se hace así, el efecto boomerang será inevitable.
Cualquier falla o descuido, por actuar por consigna, generaría una reacción completamente distinta a la que se pretende originalmente.
Concluir que esta nueva cruzada contra la corrupción, es simplemente otra burda puesta en escena operada para exhibir mediáticamente a los adversarios del actual régimen, sería demoledor.
Igualaría al actual gobierno con los anteriores, aquellos que con el pretexto de sanear al país, llevaron a cabo convenencieras cacerías de brujas, que en los hechos se asemejaban espantosamente a aquellos ajustes de cuentas entre mafiosos.
Pura simulación.
Procesos de purga para eliminar a personajes incómodos que resultaron algún tipo de obstáculo para sus intereses particulares.
El caso Lozoya no puede parecerse siquiera a ese patético pasado.
En teoría, tendría que marcar un parteaguas.
Un antes y un después en nuestra vida como país.
De ese tamaño es la importancia del tema.
Por eso, el reto de hacerlo bien y aprovechar todo su potencial.
¿Lo podrá lograr un gobierno que no se ha caracterizado precisamente por su pulcritud en la operación de temas fundamentales para sus propios intereses?
