Por Alejandro Mondragón
Qué tiempos aquellos que, por lo visto, jamás volverán al interior de la iniciativa privada poblana.
Este fin de semana, murió Humberto Ponce de León Ahumada, dueño de Galletera de Puebla. Fue presidente del CCE en momentos en que ser líder patronal era sinónimo de desafío al poder.
La suya fue una circunstancia trascendente, porque como presidente del Consejo Coordinador Empresarial era proveedor del gobierno del Estado.
En el sexenio de Mariano Piña Olaya se vivió uno de los escenarios de mayor ruptura entre empresarios y poder. La diferencia es que antes eran dueños de sus negocios, no gerentes, empleados o administradores.
El entonces presidente de la Coparmex, Antonio Sánchez Díaz de Rivera, lanzó el obús con la negativa patronal de avalar el Pacto de Solidaridad Económica en Puebla, impulsado por el entonces mandatario Carlos Salinas de Gortari.
Las relaciones con el gobierno de Mariano Piña Olaya, que manejaba Don Alberto Jiménez Morales, se habían roto. Y las presiones se intensificaron.
Vinieron auditorías fiscales contra dirigentes, y a Ponce de León Ahumada lo chantajearon con quitarle la concesión de galletas para el sistema DIF estatal.
Otra presión que tenía Ponce de León era que su esposa Doña Blanca Bretón era una de las principales activistas del PAN e impulsora de Ana Teresa Aranda.
Humberto no era panista, era más bien simpatizante priista, pero aún contra las presiones y lo que después llevó a movilizaciones en las calles, amagos de paros empresariales, la cúpula patronal se mantuvo.
Ese legado de coexistir, sin abdicar a la causa, es algo que se fue perdiendo en otros sexenios: Melquiades Morales, Mario Marín, Rafael Moreno Valle y Antonio Gali.
Los dueños de empresa dejaron los organismos en manos de gerentes que ya demostraron en el pasado reciente que por subsidios y apoyos disfrazados fueron capaces de abdicar causas y olvidarse de defender los intereses gremiales.
Ahora su actuar está en función del apoyo gubernamental. En caso de no obtener prebendas, vienen los ataques en aras de la defensa del sector privado.
Toda una farsa.
