Por Valentín Varillas
La ganaron las ansias al Fiscal General de la República.
En su afán de ganar puntos en un debate mediático que sostuvo con el analista Eduardo Buscaglia y vender que aquellos años de impunidad se habían terminado con la llegada de la 4T al gobierno, deslizó un dato inexacto que tiene que ver con el caso Marín –Cacho.
Dar por hecho la extradición de Kamel Nacif, cuando en realidad se está lejos de conseguirla, no corresponde necesariamente a la estrategia legal que el gobierno federal ensaya para este tema en específico.
No me mal entienda: la detención del ex gobernador poblano, Mario Marín Torres, es para Andrés Manuel López Obrador importante, más no urgente.
A pesar de que se trata de uno de los principales pendientes para la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien presiona insistentemente para que se cumplimenten las órdenes de aprehensión relacionadas con el caso Lydia Cacho, los asesores presidenciales y quienes monitorean el día a día de la popularidad e imagen del jefe del ejecutivo federal, recomiendan no quemar un cartucho tan valioso.
Por lo menos no todavía.
Una vez sin efecto los amparos que protegían a Marín, no existe impedimentos legal alguno para intensificar su búsqueda y localización.
Tampoco para que, si existen sospechas sólidas de que ya abandonó el país, solicitar el apoyo a la Interpol para la emisión de la famosa “ficha roja”, mediante la cual se alerta a corporaciones de 194 países para que colaboren en la detención.
Esa ficha roja que no existe para ninguno de los implicados.
Parece evidente que el Dios mediático dicta que, más allá de un tema de aplicación del estado de derecho, lo que realmente importa es esperar los tiempos óptimos para maximizar los beneficios de un arresto que tendría amplísima resonancia a nivel nacional e internacional.
Un muy efectivo distractor de la opinión pública, que puede utilizarse en la coyuntura del 2021, como contrapeso de los inminentes costos, político y sanitario de la pandemia.
Una joya de enorme rentabilidad electoral, que no se va a desperdiciar.
Y es que, a pesar de que han pasado ya más de 13 años del escándalo, Mario Marín sigue siendo considerado el villano público número uno de la política nacional, algo que no cambiará jamás.
El tener a “fuego lento” el tema, esperando mejores tiempos para proceder, es un secreto a voces al interior de la Fiscalía General de la República.
En los círculos de mayor influencia de esta dependencia, inclusive, se reconoce abiertamente.
Por eso se entiende menos el desliz de su titular.
La ubicación de Nacif es de sobra conocida por los círculos sociales y políticos en Puebla, imagínese si no la saben las instancias que forman parte de la inteligencia nacional.
Vamos, no es nota y mucho menos un ejemplo del compromiso de este gobierno para combatir la impunidad.
Al contrario, “el pitazo” le ayuda al personaje fugado.
Si lo hicieron para “calentar” el ambiente previo a una potencial aprehensión de Marín y que el tema recupere relevancia en la agenda nacional, peor.
El éxito de las más grandes y sonadas detenciones de personajes buscados por la justicia, han dependido de elementos como el sigilo y la discreción, en algunos casos hasta el más cuidadoso hermetismo.
No de falsas filtraciones mediáticas, llevadas a cabo para atraer reflectores.
Lejos de su verdugo, el Fiscal General de la República ha sido un aliado involuntario de los implicados.
¿O lo hará con intención?
En su cuenta en Twitter, hace poco más de un año, Lydia Cacho publicó estas contundentes líneas:
“Una fuente al interior dela Agencia de Investigación Criminal, me informa: ya localizamos al ex gobernador Mario Marín, sigue en México, pero el Fiscal General no tiene interés en su detención
¿Y si usted va por él doña Lydia?”
