Por Rodolfo Rivera
Casi toda la semana que pasó hubo un debate (mediático sobre todo, y por supuesto legislativo, que se trasladó al ámbito empresarial) centrado en la iniciativa (ahora Ley) que presentó el Gobierno del Estado para reformar la Ley de Educación en el Estado de Puebla.
El punto central de la polémica fue que se difundió que el Gobierno, con el nuevo ordenamiento legal, pretende “quedarse con los inmuebles de las escuelas particulares”, por un lado y porque “quiere imponer nombres y colores” a las escuelas y también porque “atenta contra la iniciativa privada educativa” al pretender imponer controles a los cobros de colegiaturas y cuotas; por último “porque atenta contra la autonomía universitaria” al ordenar que la Universidad Pública (cualquiera que reciba recursos del Estado) acepte que se le fiscalicen esos recursos por parte de la Auditoría Superior del Estado, dependiente del Congreso local.
Pero no todo es como se quiso difundir, creo que hay bastantes mitos y exageraciones al respecto.
En primer lugar, la “nueva” Ley es una simple armonización con la Ley general de Educación que rige a todo el país y que emana de la propia Constitución General de la República en su artículo 3º. NO son nuevas la mayoría de esas “perversas” disposiciones.
Siempre, la Secretaría de Educación Pública (Federal y Estatal) ha tenido la facultad de otorgar Registros de Validez Oficial de Estudios (los famosos RVOES) a particulares que quieran impartir educación en cualquier nivel y de cualquier tipo. PERO tienen que cumplir una serie de requisitos lógicos, si es que quieren tener ese registro oficial y con ello ofrecer a los Padres de Familia la seguridad de que la enseñanza que ahí se imparte, es válida para continuar en los distintos niveles.
Soy un partidario de la educación particular. Siempre lo he sido. Las escuelas particulares brindan un servicio suplementario que el Gobierno simplemente no puede. Complementan en una acción subsidiaria, la función educativa del Estado. Qué bueno que haya escuelas privadas. Qué bueno también que haya congregaciones religiosas que han invertido su vida en la impartición de enseñanza. Pero, reitero… tienen que cumplir una serie de requisitos absolutamente lógicos.
En primer lugar, en cuanto a instalaciones. Es obvio que si tienes una escuela, debe haber instalaciones decorosas para que la enseñanza sea efectiva. Salones construidos para ser aulas educativas, patios, canchas deportivas o zonas donde practicar la Educación Física, laboratorios, sanitarios, y hoy en día aulas con adelantos tecnológicos, acceso a internet, y un largo etcétera. PERO además, contar con todos los elementos de protección civil en caso de emergencias o desastres, rutas de evacuación, salidas de emergencia y un largo etcétera.
Todos nos indignamos cuando en el sismo de 2017, hubo decenas de niños muertos en un colegio privado (el famoso Rebsamen de la Cd. de México), por la negligencia de sus dueños de ir construyendo desordenadamente aulas, oficinas y hasta vivienda… ¡en la misma escuela!! Obvio, en un temblor fuerte se vino abajo.
Ahora medio mundo (los dueños, más bien) se indigna porque la “nueva ley” exige que las instalaciones de las escuelas privadas tengan todo lo mencionado y porque la autoridad deberá hacer revisiones anuales para que haya efectivo cumplimiento de las normas.
La Ley ahora dice que todos los muebles e inmuebles son parte del “Sistema Educativo Estatal” porque efectivamente así es. Todas las escuelas forman parte del sistema y sus instalaciones deben de adecuarse a lo que la normatividad indica. PUNTO. ¿Eso es querer quedarse con las instalaciones de los Colegios? Por favor.
Hay una bola de Universidades que se abrieron en cocheras de casas, en departamentos y hasta en bodegas, sin cumplir con requisitos mínimos ya no digamos de excelencia académica, sino de simple protección civil. Los dueños de escuelas privadas (con honrosas excepciones desde luego) siempre se rehúsan a invertirle a sus instalaciones porque todo lo quieren de ganancia personal y pues no. Hay escuelas particulares en condiciones deplorables, pero los dueños en los mejores automóviles. TODOS los sabemos.
Si quieres tener reconocimiento de validez oficial, tienes que cumplir con todos los requisitos legales. Porque se te está otorgando una licencia de un negocio extraordinario: Si impartes buena enseñanza, tu escuela siempre va a estar llena y tú vas a ganar mucho dinero. No nos hagamos patos. La educación privada bien llevada es un negocio fabuloso (es como las Gasolinerías… todos los coches tienen que cargar gasolina; bueno, pues todos tenemos que mandar a nuestros hijos a la escuela).
Segundo, el tema de “nombres y colores”. Siempre han existido varias disposiciones al respecto y la “nueva ley” solo las actualizó. NO se puede poner nombre de una persona viva a una escuela, por muy destacada que sea. No se puede poner el nombre de un político por hacer referencia a un partido, a un sindicato. No se pueden poner nombres religiosos a las escuelas (cualquier religión… y aún así conozco varios que sí lo tienen). Ahora también se iba a prohibir uso de colores determinados, pero eso se retiró. Y perdónenme, pero si estuviera vivo Rafael Moreno Valle seguro ya hubiera dictaminado el color azul del PAN para todos los edificios escolares públicos y privados. Como lo hizo con el Estadio, con los Hospitales, con las oficinas públicas y demás.
No nos hagamos tontitos: Claro que hay intención partidista en el uso de los colores en edificios públicos. Pero eso se quitó de la ley de Educación. Solo deben ser “colores neutros”. Por ejemplo, Miguel Barbosa podría dictaminar que los nuevos uniformes fueran color “vino” (la verdad a mí me gusta el color para un uniforme), como lo hizo Moreno Valle (azul) con los uniformes oficiales en su sexenio. Pero no lo hizo, no cometió ese exceso (Barbosa).
Tercero, el tema de las cuotas y colegiaturas. Por supuesto que es legal que una escuela privada cobre una colegiatura. Tiene que mantener con sus recursos las instalaciones, pagar a la planta de profesores, el mantenimiento, limpieza, etc. etc. Sí, y no hay ley alguna que ponga una tarifa oficial a esas colegiaturas. Hay escuelas privadas carísimas en Puebla (lo sé, lo saben, lo sabemos), pero pues cada Padre de Familia decide libremente si inscribe ahí a sus hijos. Y la verdad, algunas de ellas tienen nivel académico bastante cuestionable… pero les quedó la “fama” y siguen abusando en los cobros.
Pera la nueva Ley NO prohíbe el cobro de colegiaturas ni impone tarifas. Lo que la ley dice es que NO debe haber abusos en los cobros por los servicios (hay escuelas que cobran hasta por darte una credencial, cuando es obligación otorgarla), que no debe haber obligatoriedad en la compra de uniformes y útiles escolares (hay escuelas privadas que imponen la venta de los uniformes ahí mismo a precios de locura e imponen una lista de útiles absurda, con kilos de material para uso de la escuela, NO del alumno). Y por último, la ley prohíbe que la escuela o Universidad retenga documentación oficial por falta de pago de cuotas o colegiaturas.
Esto último SIEMPRE ha existido. Siempre hay Padres que se atrasan en los pagos de colegiatura (imagínense ahorita con la crisis del COVID-19). Pero las instituciones privadas llegan a excesos que rayan en la ilegalidad: Retienen documentos y certificados hasta que el Padre haya pagado hasta el último centavo, más recargos y penalizaciones. Esto NO puede seguir ocurriendo. Bueno, pues la ley no permite esos abusos de las instituciones privadas.
Finalmente, la nueva Ley ordena a las Universidades Públicas (varias en Puebla aparte de la BUAP, como las Universidades Tecnológicas, los Tecnológicos oficiales, las Normales y varias más) que reciben recursos del Estado para su funcionamiento, que deben aceptar las auditorías de la A.S.E. y rendir cuentas de ello.
Pregunta: ¿Eso es “atentar” contra la Autonomía Universitaria?
O bien: ¿La “autonomía universitaria” significa que no se le deben pedir cuentas a los Rectores de las decenas de millones de pesos (centenas y miles en algunos casos) que reciben para su funcionamiento y dejarlos que se ROBEN esos recursos, para después ser millonarios y potentados “empresarios”, cuando antes eran humildes profesores clasemedieros?
Perdón. Pero si la “nueva” Ley propone que se audite obligatoriamente a las Instituciones Públicas de Educación Superior, bendita nueva ley.
Esos puntos son de los que se quejan y abominan los empresarios de COPARMEX al día de hoy, de la nueva Ley de Educación en Puebla. Dicen que no se “consultó” a directivos, padres de familia y Rectores para su diseño.
Pregunto: ¿Se tiene que consultar a quien sistemáticamente está en contra de TODO lo que propone, dice y hace el actual Gobierno? Obviamente están en desacuerdo con la nueva Ley, pero creo honestamente que ya es hora que se acaban los abusos (reitero, hay honrosas excepciones) de los dueños de instituciones privadas que se han enriquecido los últimos cincuenta años, de una concesión por la que tienen que cumplir REGLAS.
Es cuanto.
