Por Karina Fernández
La incidencia delictiva en los municipios donde se relevará a los directores de Policía repuntó en febrero, cuando entró en vigor el convenio con el gobierno del estado para reducir la violencia y la delincuencia.
Se trata de Huejotzingo, Juan C. Bonilla, San Martín Texmelucan y Amozoc, último que registró el mayor incremento con una variación el 36% en los delitos registrados entre enero y febrero pasado.
Como parte del acuerdo de coordinación institucional y participación social para reducir la violencia y la delincuencia, el gobernador Miguel Barbosa informó el relevo de altos mandos en las corporaciones policiales de dichos municipios.
De acuerdo con el reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNP), la inseguridad y violencia en estos municipios se disparó el último mes.
El municipio con la mayor variación fue Amozoc donde se detectó un aumento del 36% en la incidencia delictiva, pues de 108 delitos contabilizados en enero, la cifra subió a 147 eventos en febrero.
En Huejotzingo los delitos repuntaron un 5.1%, en Juan C. Bonilla 3.5% y en San Martín Texmelucan 4.8%, aunque cabe mencionar que en este municipio ya se nombró a un nuevo director de la Policía luego de que su antecesor fue detenido presuntamente por el delito de secuestro.
También se advierte el cambio del responsable de la Seguridad Pública en Coronango, donde los delitos repuntaron 17% en el último mes.
Del convenio signado entre el gobierno con los ayuntamientos de la zona metropolitana se desprenden cinco acciones, de las cuales destaca la evaluación al desempeño de integrantes de las policías municipales que involucra tanto a los efectivos como titulares de las dependencias.
Las evaluaciones se realizarían cada dos semanas por de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad Pública, Fiscalía General del estado y los alcaldes involucrados.
Como parte del convenio también se evalúan los resultados obtenidos por las policías en el cumplimiento de sus obligaciones en un análisis diario de las acciones y resultados entregados.
También se elabora un plan integral de seguridad pública por tiempo indeterminado con estrategias y acciones concretas en materia administrativa, preventiva y penal, y un diagnóstico de la antisocialidad del cada región.
