Por Karina Fernández
En medio de los reclamos de universitarios por el asesinato de tres de ellos, el presidente del Congreso, Gabriel Biestro Medinilla dijo que es momento de que el gobierno del estado asuma el control de la seguridad en Huejotzingo donde acontecieron los últimos hechos lamentables.
Este municipio forma parte de los ocho ayuntamientos con los que el gobierno del estado firmó el convenio de seguridad para evaluar el desempeño de sus policías y determinar con ello los relevos de mandos y efectivos.
En este contexto y tras el asesinato de tres estudiantes y un conductor de Uber que regresaban a Puebla tras acudir al carnaval de Huejotzingo, el diputado local planteó al gobierno que revise la posibilidad de tomar el control de la seguridad en la región.
Dijo que lo ocurrido el fin de semana requiere de atención pero también de respeto a familiares y amigos de las víctimas por parte de algunos rectores y partidos que pretenden politizar el tema para denostar el trabajo hecho por los tres poderes y órdenes de gobierno.
“Es una situación difícil, complicada y sobre todo para aquellas personas que son familiares. Tenemos que hacer todo para recuperar esa libertad y confianza. No me quiero meter en la cuestión de los que están politizando porque creo que hoy no es prudente”, opinó.
Aceptó que las reformas que ha impulsado el Congreso para endurecer las penas contra delincuentes no han sido suficientes ni sirven si no se acompaña de una estrategia adecuada por las instituciones encargadas de investigar y castigar a los responsables.
Órganos de control no violentan autonomía universitaria
En otro tema, Biestro Medinilla recalcó que la creación de un Órgano Interno de Control para seguir los manejos financieros de la BUAP no obedece a una intromisión a su autonomía sino a una estrategia en favor de la rendición de cuentas.
Esto tras el desplegado que distintas universidades públicas, entre ellas la UNAM, firmaron acusando que la iniciativa en cuestión atenta contra la autonomía de la universidad con la intención de incidir en la normatividad que las rige.
“No se viola la autonomía. Al revés, estamos defendiendo su institucionalidad e iremos contra las personas, no las instituciones, que pudieran hacer mal uso de los recursos públicos”, sentenció el legislador poblano.
