Por Valentín Varillas
A finales de septiembre, como parte de las medidas de presión para obligar al legislativo federal a darle forma a una Reforma Educativa a modo, integrantes de la Escuela Normal Rural de Tenería, en el Estado de México, secuestraron 92 camiones de pasajeros con todo y sus operarios.
La nueva ley educativa nacional se votó, pero nada cambió.
Las unidades del transporte y sus choferes, no fueron liberados.
A pesar de las constantes solicitudes de ayuda, tanto por parte de los dueños de los autobuses, como de las familias de las personas privadas ilegalmente de su libertad, ni las autoridades estatales, mucho menos las federales tomaron cartas en el asunto de forma inmediata.
Fue hasta que la presión mediática alcanzó niveles importantes, cuando comenzaron las negociaciones, los acuerdos, el toma y daca a cambio de aplicar la ley.
La subasta del estado de derecho.
Una semana después de los hechos, los estudiantes entregaron 60 de ellos.
11 días tuvieron que pasar para la liberación total de las unidades y personas retenidas.
En un fallido intento de no vender el fracaso del Estado mexicano, se detuvo a uno de los responsables.
Sí, una sola persona fue llevada ante la ley, por el secuestro de 92.
El sector del auto-transporte reportó pérdidas superiores a los 20 millones de pesos por estos hechos.
Imposible cuantificar el miedo, la angustia y la desesperación de los plagiados y sus familiares.
Los compromisos quedaron ahí, garantes de que una realidad similar no volvería a darse.
No se cumplieron.
Hace apenas 5 días, estudiantes de la misma institución secuestraron 21 unidades de transporte foráneo más, de nueva cuenta con todo y sus operadores.
Además, retuvieron unidades de carga de empresas panificadoras, de la industria refresquera y de lácteos, robándose la carga que llevaban.
Y de nueva cuenta, como hace apenas mes y medio, la complacencia y omisión por parte de las autoridades.
Más allá del saldo material de todo esto, en apenas 45 días, los normalistas de Tenerías han secuestrado a 113 personas.
Ningún grupo de la delincuencia organizada podría “presumir” semejantes números.
Tampoco podrían hacer gala de semejante impunidad.
En aras de no mancharse con la etiqueta de “represor”, los gobiernos federal y estatal no cumplen con su responsabilidad de hacer valer la ley.
Nadie quiere cargar con otro Ayotzinapa a cuestas.
Sin embargo, se corre el riesgo de que estos grupos tomen como rehenes a las autoridades para imponer su agenda y hacerse de toda clase de beneficios y privilegios.
El precedente es terrible y no tarda en hacer mella en la vida interna de otras normales federales a lo largo y ancho de todo el país.
No olvidemos tampoco que, los normalistas, llevarán mano en la asignación de plazas de maestros, de acuerdo con lo estipulado en la nueva Reforma Educativa aprobada en el legislativo federal.
Serán, ni más ni menos, los encargados de formar a las próximas generaciones de mexicanos.
¡Salud!
