Por Karina Fernández
Aunque la percepción de seguridad mejoró en el último año en la capital poblana, más de un millón 300 mil poblanos todavía se sienten inseguros en la Amgelópolis, principalmente haciendo uso de cajeros automáticos, transporte público y bancos.
Así lo dio a conocer el INEGI a través de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública (ENSU) que al mes de septiembre, informó que el 83% de los poblanos de más de millón y medio de habitantes se sienten inseguros.
Aunque este indicador mostró una mejoría en relación al último año cuando –en septiembre de 2018- el 84.9% de la población consideraba a la capital un sitio inseguro para vivir, esta percepción negativa de Puebla supera la media nacional.
Además, mantiene al municipio dentro de las 18 ciudades del país donde la mayoría de sus pobladores se sienten inseguros.
Los tres primeros lugares los ocupan Coatzacoalcos en Veracruz, y las delegaciones de Ecatepec y Naucalpan en el Estado de México donde nueve de cada 10 habitantes tienen esta percepción de sus localidades.
Adicional a ello, el ayuntamiento de Puebla encabezado por Claudia Rivera Vivanco se ubicó en el lugar 21 entre los gobiernos peor evaluados, pues siete de cada 10 poblanos desaprueban su efectividad en seguridad y servicios públicos.
Cabe mencionar que el momento más crítico en el primer año de gestión de la morenista fue al cierre de 2018, pues a tres meses de haber asumido el cargo colocó a Puebla como la tercera ciudad con la mayor percepción de inseguridad entre la población, y su gobierno fue el cuarto peor evaluado por los ciudadanos.
Hasta septiembre pasado, sólo el 18.5% de los poblanos calificaron de “efectivo” el gobierno de Claudia Rivera, según los tabulados presentados por el INEGI.
El reporte agrega que los problemas consideran que los principales problemas que enfrenta la ciudad son –en este orden- la atención de baches en avenidas y calles, combate a delitos como robos, extorsiones, secuestros y fraudes, y mejora del alumbrado público.
También cuatro de cada 10 poblanos demandan un servicio de transporte público eficiente, y atención a embotellamientos que se presentan con frecuencia.
