Por Karina Fernández
Por tercera ocasión el Congreso del estado propuso la abrogación de la Ley para Proteger los Derechos Humanos y que Regula el Uso de la Fuerza Pública, decreto que fue vetado en dos ocasiones por el entonces gobernador Antonio Gali Fayad.
La propuesta presentada hace un año por la diputada Mónica Lara fue retomada por la morenista Vianey García Romero quien acusó que el pasado gobierno entorpeció los trabajos para terminar con la violencia y represión de los últimos años.
La legisladora local explicó que las primeras observaciones hechas por el ex mandatario poblano fueron atendidas con reformas a la Ley de Seguridad Pública que protegían y salvaguardan la integridad de los policías, pero que consideró insuficientes.
“Se propone ahorita la abrogación y posteriormente se tendrá que presentar una ley que vaya con lo federal, para que el Ejército, por ejemplo respete el derecho humano de las personas y no use armas letales”, abundó.
La iniciativa que fue impulsada desde septiembre del año pasado fue turnada a la comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para su análisis y posible aprobación, con lo que -dijo- se daría por concluida la ley que Rafael Moreno Valle impulsó en mayo de 2014.
Señaló que se trata de una legislación que garantizaba la impunidad de las autoridades que quedó evidenciado el 9 de julio de 2014 cuando con prepotencia y violencia, cuerpos policiales actuaron contra una manifestación de pobladores de San Bernardino Chalchihuapan.
Durante el enfrentamiento el niño José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo sufrió una lesión en la cabeza con balas de goma que lanzaron los policías y que provocó su muerte a sus 13 años de edad. De ahí que la ley fuera conocida como Ley Bala.
