Por Valentín Varillas
Titánica ha sido la labor que por años han llevado a cabo los asesores de imagen de Andrés Manuel López Obrador, para intentar quitarle la etiqueta de autoritario y anti-demócrata que le han colgado sus enemigos.
Por eso, no se entienden algunas acciones que recientemente han operado quienes ocupan un lugar de privilegio en el círculo más cercano del presidente y que, directa o indirectamente, van en contra de este objetivo.
La necedad de Morena de no respetar los acuerdos legislativos para rotar la presidencia de la mesa directiva en la cámara de diputados, por ejemplo.
Eternizarse en la posición, intentando modificar a modo la ley orgánica de la cámara baja del legislativo federal, no puede considerarse, ni de chiste, una medida siquiera cercana al concepto de “democracia”.
Al contrario.
Las formas y los modos apestan a los tiempos del más autoritario PRI.
A esos años terribles del régimen de partido único, en donde las imposiciones eran el eje central de la vida pública nacional y que tanto daño hicieron al país
Impensable que el partido que vendió una forma distinta de entender y practicar la política, al que le creyeron más de 30 millones de votantes, copie usos y costumbres a todas luces obsoletas en los tiempos del “nuevo régimen” que supuestamente se inauguró a partir del aplastante triunfo de Morena en la elección del 2018.
Tuvo que ser un político de la vieja guardia, Porfirio Muñoz Ledo, el que aportó la cuota de congruencia, dignidad y vergüenza, que le faltó a las nuevas “figuras” de la vida legislativa nacional.
Con su renuncia a la presidencia de la mesa, se sentaron las bases para que el albazo fracasara.
También ayudo el rechazo público que expresó en su mañanera el propio López Obrador a toda práctica anti-democrática que se ensaye en cualquier aspecto de la política o el servicio público en México.
Afortunadamente, por el bien de las instituciones, el PAN tendrá la presidencia de la mesa, como legalmente le corresponde.
Otra vergüenza legislativa operada por Morena, es la famosa Ley Bonilla.
Las modificaciones constitucionales votadas por el congreso de Baja California para ampliar de dos a cinco años el período de gobierno de la actual administración estatal, encabezada por Jaime Bonilla, emanado del Movimiento de Regeneración Nacional.
Pocas veces se ha visto un retroceso semejante en la vida pública del país.
Una salvajada que sienta las bases para la instalación y el fortalecimiento de cacicazgos locales.
Afortunadamente, el rechazo unánime de partidos, en la cámara de diputados y senadores y la condena presidencial en la mañanera de ayer, podría también echar por tierra semejante aberración.
Estos dos temas, exhiben un talante autoritario de personajes que sin duda ocupan posiciones importantes en lo más alto de la nomenclatura de Morena y también del gobierno federal.
Impensable que se dé luz verde a asuntos tan relevantes, sin el visto bueno de ellos.
¿Quiénes son y qué pretenden?
¿Son traidores a la famosa 4T?
¿Bajo qué lógica actúan?
¿Tienen dueño o se mandan solos?
Y es que, su postura afecta de manera importante la imagen presidencial y la de su partido y a sus adversarios les da armas con qué atacar.
Cuesta trabajo también, pensar que en estructuras piramidales en donde la autoridad se ejerce y está fuera de toda duda y en donde priva un respeto absoluto a las jerarquías, alguien como López Obrador no tenga un peso específico en el actuar de quienes han operado esto.
¿Será todo una gran simulación?
¿El presidente perfiló estos temas y al ver las consecuencias, reculó dejando que el costo político lo paguen otros?
¿Se está recurriendo al viejo truco de generar polémicas y conflictos de manera artificial, para que el jefe del ejecutivo federal se luzca mediáticamente como el gran estadista que todo lo resuelve?
Ojalá que no.
El mejor escenario para todos es que la indignación y el rechazo de López Obrador hacia estas imposiciones y medidas autoritarias sea real, espontáneo y no responda a una gran puesta en escena.
