Por Jesús Manuel Hernández
Margarita Ríos-Farjat, titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), reveló este martes que han sido identificadas 8 mil 204 empresas llamadas “factureras” que ayudaron a evadir impuestos o facilitar devoluciones de empresas, el monto de los evadido ronda los 354 mil millones de pesos. Y parece que es la punta del iceberg.
Mucho de este dinero puede estar ligado a una de las prácticas más favorecidas en los últimos sexenios en Puebla, donde el costo de las obras se elevó, pero bajó la calidad, lo mismo la prestación de algunos servicios al sector público.
En el pasado las obras y las compras importantes eran para los amigos del grupo en el poder, con ello se abonaba lo invertido en las campañas, era una forma de recuperación con beneficios adicionales.
Pero de un tiempo para acá, el tema se refugió en los porcentajes para obtener la obra. Fueron sonados los casos en el sexenio de Mario Marín contra Javier García Ramírez por haber elevado el porcentaje de la comisión de retorno, que normalmente era en efectivo. Incluso en la Cámara de la Construcción hubo denuncias y divisiones internas.
En aquél entonces lo normal era el 10 por ciento, pero García Ramírez subió la cuota so pretexto del financiamiento de equipos deportivos y el ahorro para la campaña del jefe. El porcentaje solicitado llegó en algunos casos al 14.
Después se inventarían métodos más sofisticados para el llamado “retorno”. Aparecieron los “soltadores”, los intermediarios con los contactos dentro del gobierno y su labor era buscar a los interesados en “entrarle” a la obra. En ese momento empezó el uso de las empresas factureras, para obtener el dinero en efectivo y con ello poder entregar las comisiones respectivas, de ahí que las facturas falsas fueron entre el 3 y el 10 por ciento, o sea la cantidad a entregarse al servidor público.
Además, fue negocio redondo cuando el “soltador” era el mismo “facturero”, recibía comisión por los dos lados.
Al final los empresarios metidos con el sector público hablaban de tener que entregar entre un 20 y un 30 por ciento de lo adjudicado, un asunto que empezó a molestar a la mayoría; sólo los consentidos tenían descuentos en eso de la mochada.
El tema no fue exclusivo del gobierno, casos muy serios sucedieron también en el Ayuntamiento de Puebla, donde los soltadores eran familiares o parientes cercanos quienes llamaban al proveedor con la frase “no te has reportado” para hacer saber que no se había entregado la comisión.
Por tanto, empezaron a surgir los soltadores que cobraban una comisión al contratisa por adelantado, se le denominaba al tema “apartar el concurso”. En algunos casos los soltadores convocaban a los constructores y les pedían cientos de miles o millones de pesos, según el caso, fijando una hora en el mismo día para “asegurar” que serían tomados en cuenta.
Surgió entonces la opción de pagar en efectivo o en especie, autos, terrenos, obra de arte, etcétera.
Luis Miguel Barbosa prometió en campaña y lo ha repetido en sus discursos ya como Gobernador Electo, acabar con esta práctica, un asunto que le haría mucho bien a las finanzas públicas y seguramente dejará de seguir enriqueciendo a los intermediarios.
Ahora bien, si el SAT actúa a profundidad, quizá encontremos un nicho de corrupción bien amplio en Puebla donde constructores y prestadores de servicios se vieron involucrados.
Quizá esto sí, le abra un espacio de credibilidad a la Cuarta Transformación.
O por lo menos, así me lo parece.
