Por Alejandro Mondragón
Lo que plantea el gobernador electo, Luis Miguel Barbosa, sobre las reformas legales y nueva estructura del gabinete, habrá que entenderlo como una purga de morenovallistas.
Con el nombramiento paritario de su gabinete vendrán dos temas torales: revisión de la plantilla de personal de la burocracia media-alta y el férreo control del gasto para acabar con el modelo de negocio que favoreció a unos cuantos y generó todas las complicidades de poder.
Barbosa nombra secretarios, estos presentan sus propuestas de equipo al gobernador. El mandatario revisará cada nombre y apellido, a partir de los criterios de no generar conflictos de intereses. Cualquier sospecha implicará el veto.
Lo hará en todas y cada una de las dependencias que integran los gabinetes legal y ampliado. La clave además estará en la creación de la Secretaría de Administración, la cual operará como oficialía mayor del gobierno. La persona que designe será la responsable de contratos, licitaciones, obras y todo aquello que tenga que ver con el manejo del dinero.
Finanzas se encargará de recaudar y gastar lo que se le indique.
Otro punto será el papel de los secretarios, quienes sólo responderán a Barbosa. La Secretaría General de Gobierno dejará de serlo para convertirse en Secretaría de Gobernación.
Una dependencia acotada, pues toda la estructura legal irá a parar a una coordinación jurídica, muy al estilo de cómo opera López Obrador con Olga Sánchez Cordero y Julio Scherer.
Lo cierto es que el gobernador electo y su equipo ya cuentan con los expedientes de cada área de gobierno que abarca desde Moreno Valle hasta Antonio Gali.
Y los procesos para fincar responsabilidades están en marcha. Se han documentado vínculos de funcionarios con proveedores, contratistas y empresarios. Se tienen los nombres de los más cercanos a los ex gobernadores.
Así se resume la #4T que viene para Puebla.
