Por Rocío García Olmedo
Una práctica que pareciera inconcebible en la actualidad, hasta hace unos días fue prohibida en nuestro país: el matrimonio infantil.
Prohibir que niñas y niños contraigan matrimonio antes de los 18 años, permitirá seguramente ir reduciendo los altos índices de embarazos de menores de edad en nuestro país, así como los altos índices de violencias en contra de las mujeres y las niñas. México es hoy por hoy, uno de los países con el más alto índice de embarazos en menores y datos oficiales refieren que Puebla ocupa el 1er lugar de embarazos en adolescentes.
Algunos datos: 11 mil menores de 15 años y 400 mil de entre 15 y 19 años, embarazadas. El año anterior nacieron 10 mil bebés de madres de entre 10 y 14 años de edad, algunas de sus causas, es que fueron víctimas de violaciones sexuales o víctimas de matrimonios forzados.
Alarmante también que el 40% de las niñas embarazadas de entre 14 y 19 años de edad, tuvieron su primera experiencia sexual sin el uso de alguna protección.
Por eso urgente atender esta problemática de salud pública, mediante el otorgamiento de información suficiente, que los jóvenes -hombres y mujeres- conozcan sus cuerpos y sus derechos, que ejerzan su sexualidad de manera responsable, que tengan acceso a métodos anticonceptivos, para que no continúen truncando sus sueños por falta de acceso a servicios que el Estado mexicano y el Estado poblano tienen la obligación de otorgarles para garantizarles la protección de sus derechos a una salud sexual y reproductiva.
Y por eso también, esta prohibición que cubre a casi la totalidad de los estados de la República es muy importante, ya que va cerrando el círculo que tiene que ver con la atención a la vida de las mujeres y de las niñas.
Prohibir matrimonios a niños-niñas antes de los dieciocho años, reducirá el número de niñas-madres, de manera que tengan el tiempo de construir un proyecto de vida, para prepararse, para que tengan opciones para la toma de decisiones y para que tengan mayores elementos para que no se conviertan ineludiblemente en víctimas de cualquiera de los tipos de violencia.
Sin duda todo ello habla de que el Estado debe materializar políticas públicas integrales dirigidas a este sector de la población: información a toda la población, incidencia desde el sector educativo, atención desde el sector de salud pública y la garantía del acceso a sus derechos de salud sexual y reproductiva desde la normativa.
Todo lo anterior, les permitirá tener elementos para decidir lo mejor para ellas y su futuro.
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