Dirigente del Movimiento Antorchista Nacional
Las demandas del antorchismo poblano al gobierno del estado de Puebla son, además de perfectamente justificadas y legítimas, problemas muy añejos, algunos planteados desde el inicio de la administración actual (como el caso del hospital de Tecomatlán), es decir, hace casi cinco años; y otros, la mayoría, con no menos de dos años de manoseo y de promesas reiteradas y nunca cumplidas. Nadie, por tanto, puede salir a declarar, sin mentir flagrantemente, que el plantón frente a palacio de gobierno, que lleva más de dos meses ante la indiferencia y el “manejo” de los “operadores” del gobernador, es sólo fruto de la intransigencia y del “abuso” de los dirigentes y de la organización en su conjunto. Eso no es cierto. Sin embargo, los resultados del proceso electoral que acaba de realizarse el domingo 5 de julio de los corrientes, provocó un cambio de actitud del gobierno del Licenciado Mario Marín Torres hacia el mencionado plantón, y no precisamente para bien. Envalentonado por el carro completo que logró el PRI en Puebla, el Secretario de Gobernación, Mario Montero Serrano, declaró con arrogancia, el mismo día de las elecciones, que el proceso de diálogo con los antorchistas está agotado y que, por tanto “se deben tomar cartas en el asunto para que no continúen perjudicando a la población en general”. Es decir, que hay desalojo en puerta.
Varias perlas políticas, y hasta literarias, pueden pescarse en tales declaraciones; pero hoy me interesan particularmente dos de ellas. La primera es la afirmación de que “se trata de una organización (se entiende que se refiere a Antorcha Campesina) que durante muchos años ha recibido muchos beneficios del gobierno en municipios donde tienen representantes, pidiendo más obras y apoyos de los que el gobierno puede dar…”; la segunda es que “se buscarán los mecanismos (eufemismo para referirse al desalojo a mano armada) para que abandone el lugar, pues sus demandas no serán cumplidas”. Ambas declaraciones están tomadas directamente de la prensa poblana.
La primera merece destacarse porque revela con bastante claridad cómo entienden y con qué criterio abordan los gobernantes poblanos las peticiones legítimas de las clases pobres y marginadas. Tal como formula la cuestión el secretario Montero Serrano, es obvio que para él y el gobierno que representa, cada demanda que resuelven debe verse por parte de los beneficiados como un acto de generosidad, como un favor o como una dádiva que el poderoso se permite, o a la que condesciende, sólo de puro buena gente, para que se vea y se agradezca su humanismo y su proclividad a socorrer al indigente. Por eso, para el señor secretario resulta un axioma, una verdad evidente por sí misma, que no conformarse con lo recibido y, en vez de agradecerlo, exigir más, es un abuso incalificable que bien merece ser castigado a palos para escarmiento de los mal agradecidos. A Montero Serrano no se le pasa por las mientes que confundir la justicia social, que es deber de todo gobernante mínimamente responsable, con la actividad de cualquier asociación religiosa humanitaria, es rebajar la política al nivel de caridad pública y al gobernante al de un repartidor de limosnas para la redención de sus pecados. Es difícil concebir mayor envilecimiento de la política y de los políticos.
Pero hay más. El Secretario yerra, o miente intencionalmente, cuando afirma que “el gobierno” ha otorgado “muchos beneficios” a esa “organización”, es decir, a Antorcha Campesina. Eso no es así. Sean muchos o pocos (que eso habría que medirlo con más precisión y con otros criterios), los “beneficios” han sido siempre para la gente más necesitada, para la gente marginada, explotada y maltratada por ese mismo gobierno generoso a que alude don Mario Montero. Como Secretario de Gobernación, le sienta muy mal abordar la cuestión con criterio de “marchanta” que regatea en el tianguis; su jerarquía y el gran volumen de información que maneja, deberían obligarlo a plantear el problema como político competente y responsable, es decir, dimensionando con precisión la magnitud de la pobreza en el estado de Puebla, lo que el gobierno actual ha hecho, con o sin Antorcha, para atacar ese terrible flagelo y cuáles han sido los resultados. Sólo así podría demostrar que las peticiones de los antorchistas son abusivas y que el gobierno del que forma parte ha dado al pueblo todo lo que puede. Tal como declaró, es evidente la intención de desprestigiar a la organización de los pobres de México.
La segunda afirmación destaca por su incongruencia. Dice el secretario: puesto que no habrá solución, el plantón sale sobrando y hay que desalojarlo. ¡Pero si es precisamente la falta de solución lo que explica y legitima cualquier protesta pública! Con su desplante, pues, el secretario Montero, sin darse cuenta de ello, da la razón a los antorchistas. Pero la pifia asombra también por la absoluta falta de oficio político que exhibe: no habrá solución, ¡y desalojen ya, porque si no, van los toletes y los culatazos! Con esos amigos, ni el gobernador actual ni el futuro necesitan enemigos para complicarse la existencia. A pesar de todo, lo que sí fue muy claro fue la brutal amenaza de desalojo. Por eso me veo obligado a fijar la postura del antorchismo nacional: Esperamos una oferta de solución que dé respuesta puntual y concreta a todos los problemas contenidos en el pliego de demandas; pero estamos dispuestos a volver a aceptar plazos y promesas mínimamente creíbles. Somos totalmente racionales, aunque se nos acuse de lo contrario. Pero si en vez de eso se nos desaloja a viva fuerza, si apalean a la gente, será la guerra. Y que nadie nos culpe a nosotros. Nos defenderemos con todo dentro de la ley; y esta vez, no nos limitaremos a la simple y modesta abstención; haremos un llamado a todos los ciudadanos para que ejerzan el voto de castigo y lo encabezaremos los antorchistas organizados. ¡Que nadie menosprecie nuestra capacidad de convocatoria frente a la ciudadanía en general! Y si no, “remember” Querétaro.
