Por Alejandro Mondragón
La irónica muerte del director de Movilidad del Ayuntamiento, Emmanuel Vara Zenteno, por culpa del transporte público, ahora se encuentra atrapada por la corrupción.
El 21 de noviembre del 2018 salió de su domicilio rumbo a su trabajo cuando un autobús Galgos del Sur, Unidad 13, de la Concesión 18137, con placas del servicio publico 654210S, lo arrolló y mató.
Tras la indignación social, el clásico de las autoridades de ir hasta las últimas consecuencias, caiga quien caiga, y meter a la cárcel al chofer, así como revocar la concesión, aparece la maldita transa.
La aseguradora Afirme se niega a pagar el seguro, ya que por negligencia, torpeza y abuso de autoridad esa Concesión 18137 se convirtió en servicio de taxi para Tehuacán, dentro de un programa que hizo la Secretaria de Infraestructura Movilidad y Transportes.
En medio de la incertidumbre política que vivió Puebla en los últimos meses, funcionarios hicieron sus chingaderas.
Este acto administrativo nadie lo ha cuestionado. No se puede cambiar de un servicio a otro; es decir, de Concesión a Permiso de Taxi y viceversa, porque es ilegal.
La Ley de Transporte no lo permite y en esa situación ese taxi es irregular y la Contraloría debe investigar los hechos, toda vez que el vehículo que atropelló a Emmanuel, no era de servicio público concesionado, sino ¡pirata!
Esa concesión apareció en el Periódico Oficial del Estado con fecha del 9 de abril de 2015, como parte del “rescate administrativo” de las concesiones que circulaban por la avenida 11 sur, para que entrara en operaciones la línea 2 de Ruta.
El rescate significó que regresó la concesión al Gobierno del Estado de Puebla, entonces quedó bajo su poder otra vez, por lo que no podía la Subsecretaria disponer de ella.
Nadie comprende cómo una concesión rescatada por el Estado, la convirtieron en permiso de taxi (otro servicio), en franca violación a las leyes, como parte de una arbitraria y escandalosa maniobra.
Cuando ocurrió el accidente, Alberto Vivas Arroyo, subsecretario de Movilidad y Transportes de la Secretaría de Infraestructura salió a los medios a declarar que iba a revocar la concesión.
Sin embargo, Alberto se pasó de Vivas, pues no demostró cómo podría revocarla. No había forma si se supone fue recuperada por el Estado.
Tampoco dijo que antes de ser “rescatada administrativamente” por el gobierno y luego volverla permiso de taxi, el concesionario había fallecido.
El Subsecretario de Transportes engaña a los deudos y a la opinión pública. Oculta la verdad, porque no puede ayudar a la familia en la reparación del daño, porque la concesión era pirata.
Por eso, la aseguradora se niega a pagar.
Si Vivas no sabía de esta transa, por qué sus supervisores dejaron que operara la concesión pirata.
Gran aberración es que ahora esa Concesión 18137 de Galgos del Sur se convirtió de forma fraudulenta en Permiso de Taxi 18137 en Tehuacán.
¿Quién le entrará al tema?
¿Despedirán a Vivas?
¿Castigarán a los responsables?
¿Quién se hará responsable de la reparación del daño a los deudos?
Esta es la Puebla de las chingaderas.
