Por Alejandro Mondragón
¿A cambio de qué autorizará el Congreso del Estado el préstamo que solicitó el rector de la BUAP, Alfonso Esparza, por 200 millones de pesos?
¿La estructura universitaria se pondrá al servicio, ahora, de la alianza Juntos Haremos Historia?
Desde el pasado 15 de enero se hizo la solicitud, pero hasta el momento se desconoce si el tema será considerado por parte del poder legislativo.
Al menos, una investigación sobre el manejo de los recursos propios debería ordenar la actual legislatura, porque es la hora en la que se desconoce, más allá del escándalo sobre las facturas fakes y favoritismo en la asignación de obras universitarias y contratación de proveedores.
El entonces rector Enrique Agüera formalizó un acuerdo para disolver la BUAP Promoción Universitaria S.C y Promotora Universitaria A.C, a efecto de crear figuras de negocios para la procuración de recursos financieros alternos, dependientes de las unidades académicas.
Tiempo después, el rector Alfonso Esparza le dio los negocios a amigos y familiares para controlar todo el recurso universitario para él y su camarilla.
Veamos los términos del acuerdo con fecha de 22 de enero del 2007:
Los negocios existentes y que eran administrados por las Empresas disueltas, pasan a la administración de las Unidades Académicas, tal y como se indica a continuación:
- FARMACIAS UNIVERSITARIAS “ALEXANDER FLEMING”. Facultad de Ciencias Químicas.
- UNITUR. Facultad de Administración.
- UNIGAS. Facultad de Ingeniería Química.
- SISTEMA DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO. Facultad de Ingeniería
- SORTEO UNIVERSITARIO. Hospital Universitario.
- AUDITORIO JULIO GLOCKNER. Área de la Salud.
- CONCESIONES DE CAFETERIAS Y FOTOCOPIADO. Por ubicación física a cada Unidad Académica.
- CENTRO DE FORMACIÓN DE FUTBOL y ESCUELA DE GIMNASIA. Departamento de Cultura Física.
Todas ellas asesoradas por las Unidades Académicas de Administración, Contaduría Pública y Derecho.
Eso jamás se cumplió. Actualmente los manejos administrativos fueron relevados a cada unidad, y no tienen el ingreso que el acuerdo menciona.
Por ejemplo, la gasolinera no es administrada por la Facultad de Ingeniería Química. De hecho no se sabe a cargo de quién está.
Los directores han sido colocados a modo, maestros que están cercanos a jubilaciones en uno o dos periodos, de tal manera que no representen un obstáculo y que se preocupen más por garantizar su retiro con un buen salario.
Desde el 2018 desapareció la figura de secretario administrativo en todas las facultades y han pasado a ser jefes administrativos, quitándoles incluso a cada Facultad la administración de recurso propio el cuál será manejado por la Tesorería y la DAPI alegando que es para un mejor control y manejo de los recursos.
Se han tomado medidas críticas, por ejemplo hoy en los campus y unidades académicas existen implementadas 2 redes inalámbricas, una para alumnos y otra para maestros, significa que quieren tener más control pues para conectar a la red de maestros se tiene que ir a registrar la computadora y el usuario a la DCYTIC y desde ahí monitorean el flujo de información.
En la búsqueda de transparencia, lejos de lograrse en la BUAP, se torna más opaca, por ejemplo el rector Esparza anunció que pronto el Carolino dejará de prestar servicios administrativos y que sólo se empleará para eventos.
En círculos universitarios se indica que la intención es otorgarle el edificio en comodato a una firma comercial que lo explote como restaurant y servicios de esa índole.
Antes de aprobar el préstamo con fines electorales no estaría de más revisar lo que se hace con los recursos propios de la BUAP, porque la única que no recibe los beneficios es la propia comunidad.
La BUAP pobre, mientras las autoridades universitarias gozan de cabal salud financiera.
CONTRA EL CARTEL INMOBILIARIO (CARTA ABIERTA)
Lic. Andrés Manuel López Obrador
Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos
Lic. Guillermo Pacheco Pulido
Gobernador Interino del Estado
Lic. Fernando Manzanilla Prieto
Secretario de Gobernación del Estado
El 12 de Agosto de 2017, sufrí un atentado que tuvo el propósito de quitarme la vida, asunto que se dio dentro de una disputa legal que durante casi 10 años he sostenido con un conocido cártel inmobiliario, que ha acaparado y despojado enormes áreas de la zona conurbada de nuestra ciudad en perjuicio de cientos de personas indefensas.
Gracias a Dios, milagrosamente salí vivo de tal crimen y en cuanto mi salud lo permitió hice pública la situación, señalando precisamente a las personas que se verían beneficiadas con mi muerte, sea por los negocios que les estoy impidiendo hacer con la defensa de mi patrimonio o sea para salvar la situación fraudulenta en que han caído por prestarse a diversas ilegalidades, las personas a quienes me refiero son:
Mauricio Romano Torres, ex comandante de los Cuerpos de Seguridad Auxiliares del Estado de México (Cusaem) y según él dice empresario de casinos.
Víctor Manuel Cortés Padilla, notario auxiliar de la notaria publica 29 de Puebla.
Susana Romero de Martino, notaria pública 2 de Tecamachalco.
Silvia Hernández Aguilar, notaría pública 1 de Huejotzingo.
Ismael Velázquez González, mi ex abogado y quién traicionando mi confianza y mis pagos hechos durante 9 años, se prestó a ayudar a despojarme.
Gabriel Posada Cueto y
Rafael Posada Cueto.
Sin embargo dos situaciones me inquietan respecto a éste asunto, por un lado, que a más de UN AÑO de haber realizado mi denuncia pública la investigación permanece en el olvido, lo que se encamina a ser uno más de los crímenes que quedan impunes.
Los autores intelectuales y materiales de éste crimen, como de tantos otros, duermen tranquilos ante la nula acción de la Justicia.
Sin embargo, además de lo anterior, de manera absolutamente ilegal se inscribió sobre el predio en disputa un Fideicomiso y aprovechando el cambio de gobierno anterior la Constitución del Régimen de Condominio, sobre al Clúster denominado Ámsterdam, de concretarse la fraudulenta venta que pretenden casi 300 familias estarían en riesgo de perder su patrimonio.
Debo aclarar que sobre el citado predio existen varios juicios pendientes que no se han resuelto legalmente pues el Cártel Inmobiliario que dirigen los Señores Rafael y Gabriel Posada Cueto, tienen compradas a diferentes autoridades que son cómplices de sus turbios negocios.
Señalo puntualmente, de manera preponderante pero no limitativa, y tengo las pruebas que acreditan mi dicho, a
El Registro Público de la Propiedad de Cholula
El Instituto Registral y Catastral del Estado
(Aclarando que las autoridades que están en funciones no son responsables de la inscripción mencionada, si bien tampoco han corregido la última ilegalidad cometida).
Durante años, las citadas autoridades han actuado como empleados del Cártel Inmobiliario de los Señores Posada y no como funcionarios públicos encargados de hacer cumplir la Ley.
A Usted, Presidente López Obrador, a Usted Gobernador Pacheco Pulido y a Usted, Secretario Manzanilla, les requiero tomen cartas en este asunto y limpien a Puebla de las mafias que operan a través de la impunidad y la corrupción.
Estoy seguro que a la gente que trabaja por el bien de Puebla no se le puede seguir condenando a la impunidad o tratar de amordazar con la cárcel, el despojo o la muerte, en beneficio de los cárteles que se sirven de las instituciones.
Nadie debe estar por encima de la Ley, pero éste cártel ha operado y sigue operando burlándose de la Justicia.
Puebla de los Ángeles, a Seis De Febrero de 2019.
Respetuosamente
Héctor Montiel García
