La real eficacia de la concesión del alumbrado pública a la empresa Citelum, a través de una alianza de capital con Traffic Light, se mostrará en cientos de fraccionamientos que desde hace años viven en las sombras de la corrupción y burocracia.
Tal es el caso de Jardínes de Santa Rosa, desarrollado por el consorcio Ara. Desde hace dos años y medio (gestiones priístas de Enrique Doger y Blanca Alcalá) han encontrado oídos sordos de parte del Ayuntamiento de Puebla, en concreto la Secretaría de Gestión Urbana, que ayer y hoy encabeza el inefable Jorge Rodríguez y Morgado.
La mentada Agencia para el Desarrollo Sustentable, encabeza por Juan Carlos Morales, de plano como Pilatos “se lavó las manos”. El problema es que nadie en el Ayuntamiento presiona a la constructora del consorcio Ara para cumplir con la Ley y se cumpla con el servicio de alumbrado que –por cierto- desde hace años pagan los vecinos en sus recibos de la Comisión Federal de Electricidad, a pesar de carecer del servicio.
Desde Octubre del 2005, el Fraccionamiento Jardines de Santa Rosa, ubicado en la 135 Poniente, Ampliación Guadalupe Hidalgo, construido por Consorcio ARA, se encuentra sin alumbrado público, a pesar de que los vecinos han realizado diferentes gestiones. Sólo reciben largas y largas.
En octubre de ese año, el representa de los propietarios del fraccionamiento, José Luis Servín se ha reunido en seis ocasiones con Jesús Manuel Larracilla, gerente de Legalización de ARA. En tales encuentros, el representante ofreció medias verdades hasta que los colonos amenazaron con interponer una denuncia en su contra.
Prometió que en una semana habría alumbrado público.
La procedencia legal contra Consorcio ARA estaría fundamentada en la Ley de Fraccionamientos y Acciones Urbanísticas del Estado Libre y Soberano de Puebla, que en su Artículo 83 dispone que una vez obtenida la resolución aprobatoria de las obras de urbanización y equipamiento por el Ayuntamiento, acto que no ha concluido ARA, el fraccionador deberá tramitar la municipalización del fraccionamiento.
Mientras no se realice este trámite la conservación, el mantenimiento y la prestación de los servicios públicos corresponderán al fraccionador.
Además de contar con un adeudo con la Comisión Federal de Electricidad, de aproximadamente 80 mil pesos la empresa no ha concluido con los trámites de terminación de obra ante el Ayuntamiento, a pesar de que tiene cuatro años que se entregaron las viviendas y lo más preocupante es que a pesar que este problema se ha ventilado públicamente ni el INFONAVIT, FOVISSSTE, Hipotecaria Nacional (ahora Bancomer), Vanguardia y General Hipotecaria, que fueron los que proporcionaron el financiamiento para la adquisición de nuestras viviendas, ninguno de ellos, se ha acercado a nosotros para conocer del problema.
Sin embargo, han continuado con el financiamiento de los desarrollos habitacionales de Consorcio ARA, para que otros poblanos vivan este problema que genera inseguridad e incertidumbre. ¿Como es posible que 1 611 familias que habitan este fraccionamiento, tengan que pagar las consecuencias de actos que sólo benefician a una empresa, Consorcio ARA?.
Lo peor es que la autoridad se hace de la vista gorda por negligencia o componendas que van en detrimento de los colonos.
Ya se acerca el 5 de julio y los políticos -seguro con sus velas en las manos- querrán el voto de los colonos.
Ni duda cabe que la omisión es la hijastra de la corrupción.
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