Emanuel Soto / @Emanuel_soto16
Con 28 votos a favor, incluyendo los del PRI y PVEM, así como 13 abstenciones del PAN, PRD, PANAL y CPP, la LX Legislatura del Congreso del Estado determinó derogar el artículo 5 BIS de la Ley de Expropiación para el Estado de Puebla, el cual permitía al gobierno estatal despojar bienes de manera exprés sin que el afectado tuviera derecho de audiencia.
La reforma a la ley fue presentada por la diputada Tonantzin Fernández Díaz del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) ahora le da garantía a los afectados de recibir una audiencia para evitar perder su patrimonio, sin embargo, esta fue criticada por los legisladores Carlos Alberto Morales Álvarez de Movimiento Ciudadano quien acusó que dentro de las reuniones de trabajo se aplicó una “mordaza” a los diputados detractores.
Quien se sumó a la moción de Morales Álvarez, fue el diputado aliancista Gerardo Islas Maldonado quien acusó que el procedimiento empleado por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales y la de Procuración y Administración de Justicia pretendía validar la reforma de manera exprés y que la implementación de la misma fue criticada por el sector empresarial.
Ante las críticas de los morenovallistas, Vianey García -presidenta de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales- aseguró que el procedimiento se dio conforme lo que dicta el reglamento interior del Congreso del Estado y sostuvo que los legisladores de Juntos Haremos Historia trabajan para favorecer a los ciudadanos que los eligieron y sin importar el “estilo” de la presentación de las iniciativas. La caída de la Ley de Expropiación exprés se suma a las erogadas “Ley Bala” y “Ley Banck” promovidas por el exmandatario Rafael Moreno Valle.
A comisiones reforma contra la privatización del agua
Durante la sesión del Congreso, el grupo legislativo del Partido del Trabajo respaldado por la coalición Juntos Haremos Historia presentó una iniciativa de reforma a la constitución política del Estado de Puebla con la finalidad de evitar la privatización del servicio de agua potable, pretendiendo prohibir expresamente esta práctica a los ayuntamientos, situación que causaría de manera inmediata la rescisión de los contratos firmados por los municipios de la zona metropolitana con la empresa Concesiones Integrales (Agua Para Todos).
La propuesta que fue turnada a comisiones fija un plazo de seis meses para que los diputados la analicen, discutan y en su caso creen una nueva Ley de Aguas para el Estado de Puebla, sin embargo al ser una reforma constitucional, se requiere del voto de dos terceras partes de los diputados.
Por otra parte, la diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Rocío García Olmedo propuso una reforma a los artículos 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Puebla y 21 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Puebla con la finalidad de que cada distrito judicial cuente con un juzgado penal del nuevo sistema penal acusatorio, evitando así que la gente tenga que desplazarse grandes distancias para presentar una denuncia o algún trámite.
