Por Jesús Manuel Hernández
Las dudas sobre los resultados electorales del 1 de julio, en el caso de gobernador, fueron planteadas desde hace varias semanas en el Tribunal Electoral del Estado de Puebla, la primera instancia responsable de conocer el tema.
El magistrado Gerardo Saravia Rivera votó en contra de la resolución emitida por los otros dos magistrados, Fernando Chevalier Ruanova y Adrián Rodríguez Perdomo, al plantear que no existía “certeza plena” de los resultados. Su intervención en la sesión correspondiente estuvo basada en que existía una “duda razonable que pone en tela de juicio la certeza de los resultados ante las cifras discordantes que arrojaron los conteos rápidos, el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) y los cómputos distritales”, por tanto, habría que haber abierto los paquetes electorales y contar nuevamente, según declaró.
Esta frase quedó acuñada en la sesión del Tribunal y la postura de Saravia queda ahí, para la historia.
Pocos días después el doctor Miguel Reyes reveló las investigaciones hechas por su equipo de la Universidad Iberoamericana donde se demostraron las inconsistencias graves en más del 73 por ciento de casillas del proceso de elección a gobernador en Puebla.
El Tribunal Federal Electoral terminó por marcar la seriedad de las dudas sobre los resultados al llamar a un conteo voto por voto que se inició este lunes y donde han empezado a surgir las evidencias de la alteración de la paquetería electoral y la poca seguridad en la cadena de custodia del material.
La elección por tanto está en el aire, los resultados penden de nuevas investigaciones, las impugnaciones no han sido descartadas y el conteo sólo es uno de los pasos, tal vez el más importante para conseguir resolver la duda planteada por Gerardo Saravia: la certeza plena de la elección.
El tema viene acomodándose muy al estilo de la propuesta del gobierno que entrará en funciones en pocas semanas, muy contrario al del ocultamiento de la verdad, al que buscó opacar la información y maniobrar para lo que ya muchos empiezan a calificar como una elección de Estado.
Mientras son peras, o son manzanas, la sociedad poblana, política o no, se mantiene en el terreno de la especulación y mucho de la desinformación emanada por quienes consideran que el caso está resuelto.
Para muchos, pese a que no quieren a Luis Miguel Barbosa como gobernador, no les queda totalmente claro el resultado y consideran que una nueva elección pondría en valor a la democracia, máxime si en las boletas no aparece ninguno de los dos contendientes.
Por eso resulta verdaderamente extraño, ajeno a la razón, que Carlos Montiel Solana, quien se ostenta como presidente del Consejo Coordinador Empresarial, haya declarado un extrañamiento sobre el tema de repetir las elecciones bajo la premisa de que sería una mala señal para la economía, cuando la mala señal está a la vista de todos, si no se respeta el voto, si no se protege la democracia y las instituciones electorales, qué se puede esperar del resto de los sectores que integran la entidad.
Carlos Solana no respondió a una línea, como algunos consideran, más bien se observa que simplemente le jalaron las riendas quienes lo llevaron al cargo. Y es que para nadie resulta extraña la relación con las familias Rodríguez Regordosa y Rodríguez Álvarez, por cierto, ampliamente beneficiadas en el sexenio pasado.
Quizá a los tres amigos, Carlos, Franco y Pablo, les convenga reflexionar sobre lo escrito por el papa Francisco hace unos días: “El corrupto no percibe su corrupción. Son otros quienes lo sienten y se lo deben decir. De aquí también que difícilmente el corrupto puede salir de su estado por remordimiento interno”.
O por lo menos, así me lo parece.
