Por Jesús Manuel Hernández
Un nuevo conflicto de intereses rodea al Fiscal General de Puebla luego de haber reconocido la presencia de grupos del crimen organizado.
Víctor Carrancá admitió que los Zetas, Jalisco Nueva Generación y alguno de origen michoacano están presentes en la entidad.
En consecuencia, rumores bien documentados afirmaron su separación del cargo y la forma como habría de ser destituido y sustituido. Tal vez el tema de los linchamientos en Acatlán haya sido la gota que derramó el vaso.
El caso es que horas después la Fiscalía oficialmente descalificó la versión de la renuncia, pero en el ámbito legislativo se especuló con las formas de cómo podría ser sustituido Carrancá.
Entre los defensores del Fiscal apareció Franco Rodríguez Álvarez bajo el dicho de que “prácticamente es imposible…. pero la próxima legislatura tendrá la oportunidad de hacerlo, pero el camino será largo”.
La declaración se dio en el marco de un encuentro que no corresponde al protocolo jurídico electoral de Puebla, los miembros del Consejo Coordinador Empresarial se reunieron con Martha Erika Alonso Hidalgo de Moreno Valle, quien obtuvo mayoría de votos el pasado 1 de julio en su candidatura a gobernadora, pero que aún no recibe la constancia de “gobernadora electa” debido a la impugnación que pesa sobre los resultados.
Ahí mismo MEAH dijo que la Fiscalía no pasa por su mejor momento y “quien no dé resultados debe dejar su cargo”.
Tradicionalmente al final de un sexenio, la “plaza” de Puebla se ve bajo presión de los grupos organizados en torno del crimen y la violencia, digamos que todos buscan la manera de colocarse y desplazar a sus enemigos en los negocios ilícitos.
Y tal vez este sea el siguiente escenario de la entidad, con algunos ingredientes extras a los “negocios” tradicionales, o sea, que la plaza se calienta y algunos consideran que Víctor Carrancá estorba o no es necesario.
Mientras tanto, este martes 4 de septiembre en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, líder de la bancada de MORENA suscribió el acuerdo que invita a condenar los actos de intromisión del gobierno poblano en el proceso electoral del pasado 1 de julio y piden “se restablezca el orden democrático en el estado”. O sea, la plaza se calienta.
O por lo menos, así me lo parece.
