Por Shanik David
A 17 días de la jornada electoral, representantes de movimiento Sumamos hicieron un llamado a los ciudadanos para castigar en las urnas a los partidos que en 2015 aprobaron las reformas en materia electoral con las que se impusieron candados para la participación de candidatos independientes.
A nombre de la agrupación Gabriel Hinojosa Rivero explicó que este “boicot” es en contra de los candidatos a diputados locales de Acción Nacional (PAN), el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano, así como de los demás partidos que, en su momento, avalaron ésta y otras “barbaridades” del morenovallismo.
Sin embargo, enfatizó que no implica un llamado directo a votar por algún candidato o partido en particular, y que esto se deja a decisión de cada ciudadano, siempre y cuando se castigue a los que “ofendieron la democracia”.
“Hay que aprender a cobrar los precios y consecuencias a los que se burlan la democracia, y la sociedad, mientras no lo hagamos, nos lo van a seguir haciendo, nadie la ha cobrado cuentas al Congreso, es la primera vez” puntualizó el expresidente municipal.
El hecho de que sólo se pida el voto de castigo a los aspirantes al Congreso local tiene como objetivo evitar que el grupo del exgobernador Rafael Moreno Valle se vuelva a quedar con el control del legislativo y, por el contrario, se logre una verdadera división de poderes y un contrapeso, detallaron los integrantes de Sumamos.
Además del llamado a este “boicot electoral”, Hinojosa Rivero comentó que se entregó un oficio a los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y Encuentro Social -a los que se consideró como la única oposición real en el actual proceso electoral-, para que se comprometan a incluir algunos temas en su agenda legislativa en caso de ganar la elección del 1 de julio.
Entre las propuestas destaca reformar el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Puebla para hacer más accesibles las candidaturas independientes de modo que “el número de apoyos ciudadanos no sea mayor al uno por ciento de la lista nominal y el plazo para obtenerlos no sea menor a 120 días.
También se pide que se modifique el proceso de nombramiento del titular de la Auditoría Superior del Estado para que éste sea seleccionado con participación de universidades y organizaciones sociales, y que se hagan las reformas necesarias para acabar con la deuda oculta del gobierno.
