Por Valentín Varillas
Una petición le hizo el arzobispo de Puebla, Víctor Sánchez Espinoza al ex gobernador Moreno Valle y su grupo político: conseguir una reunión privada con el candidato presidencial de la alianza Por México al Frente, Ricardo Anaya, durante su gira proselitista por Puebla.
Y así se hizo.
Los buenos oficios de los operadores mornovallistas dieron los frutos esperados y el encuentro se llevó a cabo tal y como lo solicitó el jefe de la Iglesia católica poblana.
El prelado tenía un especial interés no solo en conocer el proyecto de gobierno del panista, sino en compartir con él su visión particular sobre la realidad que se vive en el estado de Puebla.
¿Cómo será por cierto esa visión?
¿Qué radiografía tendrá el arzobispo sobre lo que vivimos en Puebla todos los días?
¿Habrá sido realista o de plano muy generoso con los saldos con las cuentas que el actual grupo en el poder le han entregado a los poblanos?
Lo más probable, si partimos de la relación estrecha que ha tenido Sánchez Espinoza con Moreno Valle, es que la evaluación sobre los últimos ocho años de un “gobierno de cambio” en Puebla haya sido por demás favorable al status quo.
Ese que sin duda la jerarquía católica local busca conservar a toda costa.
Para ellos, el mejor escenario sería el de la continuidad; una continuidad que en los hechos les ha resultado muy favorable.
Y es que, en las coyunturas más complicadas que tuvo que enfrentar Moreno Valle durante su sexenio, invariablemente encontró en el arzobispo poblano a un valioso aliado que le ayudó a que los potenciales saldos catastróficos que pudieran haberle arrojado, fueran en realidad mucho menores.
El purpurado fue una pieza fundamental en la estrategia que implementó el gobernador Moreno Valle para “componer” el tejido social y bajar la indignación ciudadana por las acciones tomadas en contra de opositores al régimen.
La estructura eclesiástica poblana se puso a las órdenes del mandatario, para utilizar su amplia influencia en sectores sociales en comunidades que se sintieron afectadas por lo que consideran una política autoritaria ensayada con absoluta saña desde lo más alto del poder político local y que ha llevado a la cárcel a las voces disidentes.
Los casos en donde la operación de la jerarquía católica a favor de los intereses gubernamentales resultó evidente, fueron en las juntas auxiliares de San Bernardino Chalchihuapan, Canoa y La Resurrección, comunidades cuyas autoridades fueron encarceladas por encabezar acciones de protesta en contra de la determinación legislativa de retirarles el control de los juzgados civiles y en los municipios de San Pedro y San Andrés Cholula, en donde habitantes tomaron la presidencia municipal para manifestarse por el proyecto de construcción del Parque de las 7 Culturas.
Para lograr “bajar los ánimos” y fracturar la unidad de los opositores, el arzobispo optó por utilizar a los mayordomos de las distintas parroquias -figuras de altísima influencia en la comunidad católica-, quienes en su momento dieron magníficos resultados.
Este invaluable servicio significó la recomposición absoluta de las relaciones entre Víctor Sánchez Espinoza y Rafael Moreno Valle, consideradas como “frías y distantes” desde el inicio de la actual administración.
Razones para justificar el distanciamiento sobraban.
Al hoy gobernador no le gustó nada el hecho de que el arzobispo mostrara una cercanía evidente con Javier López Zavala, en plena campaña por la gubernatura en el 2010.
La luz verde dada por el prelado para que el priista hiciera abierto proselitismo entre la comunidad católica, inclusive dejándose fotografiar con una imagen de la Virgen de Guadalupe fue apenas un modesto ejemplo de la buena relación.
Es más, en declaraciones a los medios, Sánchez Espinoza reconocía como “buena” su relación con Mario Marín Torres, avalando su gestión con un 8.5 de calificación.
Ya como gobernador, Moreno Valle tardó más de dos meses en recibir personalmente al jerarca eclesiástico quien pidió una y otra vez audiencia para entregar un documento que contenía la visión de la Iglesia católica en torno a problemas de alcance social como la pobreza, la marginación y la inseguridad.
En noviembre de 2011, el mandatario envió al congreso poblano una iniciativa para modificar el artículo 342 del Código de Defensa Social para sustituir la cárcel por tratamientos médicos integrales a las mujeres que aborten en el estado, lo cual no fue bien visto por el arzobispo.
En el 2013, en otra coyuntura electoral importantísima para los intereses políticos del entonces gobernador, Sánchez Espinoza mostró nuevamente que en su corazón latían fuerte los colores del partido tricolor al declarar públicamente que el candidato a la alcaldía, Enrique Agüera, era “un hombre de resultados”.
El enojo y la frialdad en las relaciones entre autoridades civiles y eclesiásticas regresaron, hasta que los asesores del gobernador comprendieron el enorme beneficio que podría significar para ellos la intervención del clero en comunidades consideradas como “focos rojos” en materia de gobernabilidad.
Y así se olvidaron los agravios y vino el juramento del amor eterno.
Como puede ver, los buenos oficios del arzobispo han sido más efectivos que quienes han ocupado la Secretaría General de Gobierno.
¿Por qué no proponerle a los candidatos que sumen a sus propuestas la creación de una Secretaría de Asuntos Eclesiásticos y nombrar como su titular a Sánchez Espinoza?
Total, si ha realizado de facto esas funciones…
