Por Valentín Varillas
Reveladoras líneas publicó hace unos días Alberto Aguirre en el periódico El Economista:
“¿Perdidos? La sección 51 del SNTE reclama a las autoridades más de cien millones de pesos correspondientes a la “categorización y compactación” salarial producto de la reforma educativa. El proceso administrativo involucra a la SEP, pero también a Patricia Vázquez del Mercado, secretaria de Educación de la administración panista de Puebla. ¿Acaso era un cochinito para las campañas del 2018 que beneficiaría a Aurelio Nuño Mayer?”.
Lo anterior confirma dos temas que desde hace meses se consideraron en este espacio: primero, la operación que desde la dependencia poblana se dio para beneficiar el supuesto proyecto político personal del entonces secretario Aurelio Nuño.
También, demuestra que en la SEP local, se aplica una estrategia que tiene como eje central el desvío de recursos públicos para diferentes fines.
Aquí le comenté cómo, en los tiempos de la coexistencia entre Nuño y Vázquez del Mercado era evidente la enorme injerencia centralista al interior de la dependencia poblana.
Que, con una frecuencia atípica, se dictaban líneas y se daban órdenes concretas desde la oficina del entonces Secretario federal.
Que estas directrices se centraron en el control de gente y el manejo de estructuras y no en la tarea, supuestamente prioritaria, de mejorar los indicadores educativos locales.
A muchos llamaban la atención las frecuentes visitas de Patricia a la Ciudad de México, pero no a la sede de la SEP, las que pudieran ser consideradas como “normales” en el desempeño de su cargo, sino a una oficina alterna, instalada por el propio Nuño, en la cual se daba cita diariamente un grupo de auténticos incondicionales.
Se trataba de aquellos que habían sido designados como sus “operadores” y quienes desde este búnker analizaban la realidad política nacional y local, hacían análisis de prospectiva y planteaban cómo incidir en los distintos escenarios que podrían favorecer a su jefe en su entonces todavía vigente proyecto político personal.
También resultaba sospechoso el hecho de que dos personajes de toda la confianza de la secretaria poblana, fueran destinados a formar parte de este grupo de operadores y asesores de Nuño Mayer.
El otro asunto, el del desvío de recursos públicos, también fue tocado en este espacio.
No se refiere a los 100 millones que se mencionan en El Economista, pero muestran, como contundente botón, una auténtica vocación a la corrupción.
Se trataba del desvío de más de 32 millones de pesos de recursos federales entregados a la Secretaría de Educación Pública del gobierno del estado de Puebla y que no fueron soportados en los hechos, ni con entregas de materiales, ni con servicios presuntamente otorgados.
Los movimientos se hicieron a través de los Organismos Públicos Descentralizados (OPD), cuyos titulares no reportaron haber recibido ningún dinero de la Federación.
Se gastaron, en completa opacidad y para fines desconocidos, recursos millonarios que corresponden a programas federales.
Utilizaron el Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla (IEDEP) como pantalla, queriendo justificar mediante convenios de colaboración SEP-IEDEP-Proveedor, el ejercicio de los 32 millones, entre los años 2014, 2015 y 2016, de cuya aplicación de programas no existe físicamente ningún “entregable”.
Los productos y servicios pactados jamás se proveyeron y aparecen sólo en el papel.
Los supuestos proveedores, no cuentan con actas constitutivas, las empresas fueron creadas prácticamente en las mismas fechas en las que recibieron los contratos y con el claro propósito de desaparecer el dinero y no ejecutar programa alguno.
La Contraloría poblana lleva a cabo una investigación sobre este tema, así como la Auditoría Superior de la Federación ya busca esos 100 millones que jamás llegaron a las arcas del sindicato magisterial y que pasaron por la SEP de Puebla.
