Por Valentín Varillas
Sucedió a mediados del 2011.
El sumiso congreso poblano aprobaba, a través de un virtual consenso de las fuerzas políticas ahí representadas, la iniciativa de reforma electoral enviada por el flamante ejecutivo, una de las primeras obsesiones de Rafael Moreno Valle.
El eje central de la medida: empatar los comicios locales del 2018 con el proceso federal presidencial y elegir un mini-gobernador de 22 meses para el estado.
Argumentaron mediáticamente que los movía un presunto interés por generar ahorros en los recursos destinados a la organización de procesos electorales y la generación de condiciones que favorecerían una mayor participación ciudadana.
En realidad, la reforma tenía como objetivo mantener el control político del estado y garantizar la continuidad el grupo en el poder, por lo menos el tiempo suficiente para tener un cierre de administración “ejemplar” que no pudiera empañar el proyecto presidencial de Moreno Valle.
Fue una reforma perfilada a sangre y fuego, en donde se afinaron las más burdas artes de la negociación entre fuerzas políticas.
Previo a su votación en el Congreso, el entonces gobernador poblano y Humberto Moreira sellaron el voto tricolor a favor a cambio de impunidad para marinistas envueltos en actos de corrupción, sobre todo en lo que se refería a un muy bien documentado desvío de millonarios recursos en la Sedesol estatal.
Se trata de 420 millones de pesos de fondos federales destinados a la dependencia entre el 6 de julio y el 30 de agosto de 2010, situación que afectaba directamente a Javier López Zavala, Juan Carlos Lastiri y a una serie de personajes muy cercanos a ellos.
Hasta la fecha, nadie sabe –oficialmente- dónde quedó la lana.
Si bien en el corto plazo, la reforma electoral poblana amarró la continuidad del grupo y un “impecable” cierre de administración -por lo menos desde el punto de vista documental-, ésta estaba diseñada para enfrentar un escenario único y no planteaba modificaciones radicales que en los hechos se dieron.
Por ejemplo, el que Moreno Valle no pudiera amarrar la candidatura presidencial.
Se pensaba originalmente que el poblano aparecería en la boleta y que el “efecto de arrastre” beneficiaría a sus candidatos en Puebla.
Su Plan B se centraba en que Rafael podría amarrar a un incondicional, tal y como al final ocurrió y que en el sacrificio de sus aspiraciones se le daría facultades plenas de selección de otros candidatos a cargos de elección popular.
Jamás consideraron que el hoy enemigo a muerte, en ese entonces valioso aliado, Ricardo Anaya, se saldría con la suya y a través de la imposición y el manejo convenenciero de las instancias del partido, resultaría al final el candidato a la presidencia.
No se plantearon el escenario de un PAN dividido, enfrentado al interior, que hoy se plantea a través del más absoluto pragmatismo, una unidad ficticia que les permita enfrentar de mejor manera el monumental reto que supone la elección del 1 de julio.
En la negociación, el morenovallismo se debilitó.
La alianza con el gobierno federal tampoco les redituó.
Por lo menos no en lo que a lo electoral se refiere.
Un candidato peñista que no levanta y que lleva en hombros cual pesada carga el que se le relacione con un presidente y un partido al que rechazan casi 8 de cada 10 mexicanos.
Demoledor.
Por otra parte, el auténtico y gran enemigo, López Obrador y su partido, se han fortalecido sistemáticamente en Puebla y ponen en peligro real el establecimiento del nuevo maximato poblano.
Ahí sí existirá un real fenómeno de arrastre que hará crecer a quienes compitan por la gubernatura, las principales alcaldías, el senado y las diputaciones locales y federales.
El peor escenario para Moreno Valle y su grupo se materializó: llegar al momento cumbre con un escenario de elección de dos, en donde el tercero en discordia y natural aliado, el PRI, resulta en los hechos un auténtico cero a la izquierda.
¿Y entonces?
¿Valió la pena la reforma electoral morenovallista?
De no haber empatado elecciones locales con federales, el ex gobernador y su grupo no tendrían que preocuparse del fenómeno AMLO y hubieran tenido todas las ventajas necesarias para imponerse, otra vez como fuerza política poblana.
Ni duda cabe.
No existiría la menor preocupación porque, aunque jamás se atrevan a reconocerlo, están preocupados.
Haber pactado el integrar a la boleta a Eduardo Rivera, el gran e irreconciliable enemigo, como candidato a la alcaldía, es un claro ejemplo de que el presupuesto electoral original se modificó radicalmente y el 2018 ya no es, como lo plantearon al principio, un asunto de mero trámite.
Y en Morena, felices.
Lo dicho: nadie sabe para quien trabaja.
Menos, en política.
