Por Shanik David
Ante la necesidad de acceder a recursos para financiar las labores de reconstrucción en las comunidades que se vieron afectadas con el sismo de la semana pasada, el diputado Alejandro Armenta Mier propuso al gobierno del estado replantear la deuda que dejó Rafael Moreno Valle, de manera que se pueda hacer más eficiente el gasto.
En concreto, planteó el que se reduzca el pago mensual que se hace por los Proyectos para la Prestación de Servicios (PPS) para que este dinero sea empleado para la atención de la poblaciones que se vieron damnificadas por el temblor de 7.1 grados.
Armenta Mier apuntó que el gobierno usa 270 millones de pesos mensuales, tomados de los ingresos del Impuesto sobre la Nómina (ISN) para el pago de las “obras de ornato” del morenovallismo, los cuales son transferidos al fideicomiso que opera Evercore.
En este tránsito, aseguró, se pierden 100 millones de pesos que quedan “en manos de los socios” de Moreno Valle, por lo que exigió que el gobernador José Antonio Gali Fayad “asuma su papel y que repudie la deuda de Puebla”.
Insistió que estos 100 millones de pesos deberían destinarse para la reconstrucción de las zonas afectadas, por lo que las autoridades deberían dejar de “hacer show mediáticos” y tomar decisiones concretas en este rubro.
“Si hubiera voluntad política habría recursos”, por lo que se tienen que hacer aparecer esos 100 millones y usarlos para la reconstricción, retó el exmilitante del Partido Revolucionario Institucional y actual diputado por Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).
Sin embargo, el monto que comentó Armenta Mier de 270 millones de pesos mensuales por los PPS dista de lo que han dado a conocer los propios funcionarios del gobierno del estado en los últimos meses.
En concreto, en enero pasado, durante su comparecencia frente al Congreso del Estado como parte de la glosa del Sexto Informe de Labores de Moreno Valle, el entonces secretario de Finanzas y Administración, Guillermo Bernal Miranda, dio a conocer que al mes se gastan 106 millones de pesos por concepto de los contratos del Museo Internacional del Barroco, la plataforma de la planta de Audi en San José Chiapa y el Centro Integral de Servicios.
