Por Shanik David
La sentencia que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) hace unos días por medio de la cual se decretó la constitucionalidad de la iniciativa Sin Voto No Hay Dinero, servirá como aliciente para que en Puebla se tomen acciones similares.
Jorge Aguilar Chedraui, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, afirmó que debido a la importancia del tema se retomará la discusión para aprobar lo antes posible la propuesta de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional (PAN), que es equivalente a la impulsada por el diputado independiente Pedro Kumamoto en Jalisco.
Lo anterior porque en julio pasado se inició la discusión en el Congreso local, pero se dejó en espera en tanto los magistrados resolvían la impugnación en contra de la iniciativa original.
Fue en Puebla que Aguilar Chedraui, también coordinador de la fracción parlamentaria del PAN, ingresó la propuesta, pero recordó que la frenó “porque había dudas” sobre la viabilidad de la misma, dado que retomaba algunos criterios de la reforma que ya se había hecho en Jalisco meses atrás.
Por lo tanto, ahora se podrá retomar este asunto por dos vías, ya sea con la generación de una nueva iniciativa que tome como base los criterios que ya fueron validados por la Corte, o que se ajuste la que ya se encuentra bajo estudio en comisiones.
“Hay que revisar qué tanto se parece y qué tantos cambios son necesarios”, puntualizó el panista, al señalar que este será un estudio que se hará con calma pues debido al inicio del proceso electoral ya no es posible aprobar reformas en la materia.
“No estoy diciendo que no vaya a pasar o que no ocurrirá, pero está la elección por lo que tenemos tiempo para revisarlo”, insistió.
La iniciativa impulsada por organizaciones sociales conocida popularmente como Sin Voto No Hay Dinero propone que la bolsa de recursos anuales para los partidos políticos se calcule con base al número de votos válidos de la última elección y no con el padrón electoral o listado nominal, de modo que las prerrogativas sean proporcionales a la participación en las elecciones.
Además, para años no electorales se propone reducir la proporción de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) que se emplea para el calculo de las prerrogativas, de manera que si en un año con elección se usa el 65 por ciento, en uno sin proceso electoral se emplee un porcentaje menor.
