Por Shanik David
Al interior de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje hay expedientes que tienen cerca de dos años de retraso, los cuales están relacionados con asuntos controversiales para el grupo en el poder: las demandas de los despedidos del gobierno del estado y las quejas presentadas por jubilados de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla a quienes no se les dio el aumento salarial correspondiente en 2015.
Son poco más de 300 los casos que están estancados en el organismo laboral, sin que haya respuesta del presidente de la Junta Rubén José Huerta Yedra haya tomado cartas en el asunto, por lo que los dos grupos se unieron para expresar su inconformidad.
Fue este miércoles cuando los afectados se manifestaron en las oficinas de la JLCA exigiendo una audiencia con Huerta Yedra para exponer su inconformidad y buscar los mecanismos para dar salida a la brevedad a las denuncias.
Por el lado del movimiento Jubilados Unidos Buap, Guadalupe Martínez expresó que han cumplido con todo lo que les han pedido las autoridades para dar salida a las más de 270 denuncias que se presentaron desde principios de 2015, pero los casos siguen parados en la junta.
Recordó que el 23 de marzo acudieron los denunciantes para ratificar las demandas, y aunque falta que 170 de los pensionados firmen los documentos “no nos han dado cita de acuerdo como lo establece la Ley Federal del Trabajo, por eso estamos presionando a la junta para que nos dé la fecha” para la nueva audiencia.
Los jubilados demandaron a la BUAP luego que en a principios de 2015 se aprobó un aumento salarial del 3.4 por ciento general para todos los trabajadores de la universidad, sin embargo la rectoría otorgó un incremento adicional del 4.6 por ciento sólo para los sindicalizados en activo, distinción que consideran una violación al contrato colectivo de trabajo.
Y aunque el caso lleva ya dos años en la JLCA el organismo no da salida a los casos, además de que los representantes de la universidad cuando acuden a las audiencias desconocen haber tenido alguna relación laboral con los jubilados pese a que estos cuentan con los recibos de los pagos de sus pensiones.
Por otra parte, Marco Antonio Manzano Ramírez, representante de los burócratas despedidos del gobierno del estado, lamentó que son 150 denuncias de los trabajadores públicos estancadas en la JLCA, pues desde 2015 no se ha emplazado a las autoridades responsables para que atiendan los asuntos.
“Hay dilación de los juicios, por eso hacemos presencia porque tal parece que el Tribunal se vuelve juez y parte, en vez de que actúe como marca la constitución para impartir justicia rápida, pronta y expedita, cuando hay un problema con las dependencias ellos mejor lo resuelven”, acusó el exburócrata durante la manifestación.
Aprovechó el espacio además para denunciar que aunque se han tenido acercamientos con el gobierno del estado para atender la situación de los trabajadores que fueron despedidos de manera ilegal, tampoco ha habido respuesta.
Fue desde el 5 de octubre pasado cuando entregaron un primer oficio ante la oficina de transición del entonces gobernador electo José Antonio Gali Fayad para pedir que se resolviera la situación de los cientos de trabajadores despedidos, y aunque se ha tenido un trato respetuoso se ha sido omisos al respecto.
Manzano Ramírez comentó que desde diciembre el secretario particular de Javier Lozano Alarcón, Pedro Gutiérrez, les informó que ya se contaba con un diagnóstico de cuánto se requería para el pago de las indemnizaciones y las reinstalaciones de los despedidos, pero que a casi cinco meses no se ha hecho nada al respecto.
Es más, señaló que el propio Lozano Alarcón ya ha reconocido la ilegalidad con la cual fueron despedidos los burócratas en la pasada administración estatal, pero sigue sin haber una respuesta real; “no queremos un trato respetuoso o que nos apapachen, queremos solución a este problema”, subrayó.
