Por Shanik David
A dos semanas de que los diputados locales aprobaron de manera exprés la segunda reforma constitucional relacionada con el derecho humano al acceso al agua, las 13 controversias que habían sido presentadas por parte de diferentes ayuntamientos en contra de la primera reforma siguen en proceso.
Esto se reporta en la página de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que en la la lista de notificación de acuerdos no se ha difundido algún resolutivo que por medio de los cuales se desechen los recursos presentados.
Es más, destaca que aunque el primer recurso se presentó el 20 de febrero, el Congreso del Estado no ha enviado informes o documentación alguna la Corte para defenderse frente a los procesos que se abrieron.
Hasta el momento sólo se ha negado la suspensión provisional en la mayoría de los expedientes, pues se indica que dado que la parte quejosa no se inconforma sobre un acto en concreto sino sobre una ley en abstracto no hay forma de suspender el agravio de manera temporal, pero sin que esto implique un desechamiento de los recursos.
Además en casos como el de Ajalpan y Juan C. Bonilla, por mencionar un ejemplo, se notificó que hubo problemas con respecto a las direcciones para recibir notificaciones, pero sin que esto tuviera un impacto sobre el desarrollo de los procedimientos.
Hay que recordar que son 13 las controversias constitucionales admitidas por la SCJN: San Pedro Cholula 53/2017, Juan C. Bonilla 62/2017, Coronango 65/2017, Coxcatlán 66/2017, Ajalpan 67/2017, Zoquitlán 69/2017, Tlatenango 80/2017, San Gabriel Chilac 82/2017, Tehuacán 85/2017, Zinacatepec 86/2017, Altepexi 87/2017, Izúcar de Matamoros 89/2017 y Chiautla 90/2017.
Si bien también los regidores de Tlacotepec de Benito Juárez también presentaron un recurso, el cual quedó registrado con el número 101/2017, este fue desechado por extemporáneo, pues ingresó fuera de tiempo marcado para inconformarse por la reforma constitucional.
Sin embargo, podría ser en el transcurso de los próximos días cuando la SCJN declare improcedentes los recursos, una vez que el Congreso presente la documentación de la reforma que se aprobó el pasado 1 de abril, comentó Alejandro Carvajal, líder del Barzón en el estado de Puebla.
El abogado, quien asesoró a los ayuntamientos de Izúcar y Chiautla para la presentación de las controversias, recordó que la reforma sí dejó sin materia los recursos que se habían presentado, por lo que se está a la espera de que éstos se desechen para definir cuál sería la acción legal que sigue.
Destacó que el problema que se tiene en el estado no es en sí el marco constitucional, sino la Ley de Agua del Estado de Puebla que permite la privatización del servicio, pero dado que ésta se reformó desde 2012 es complicado poder impugnarla por la misma vía.
Aunque fue el 1 de abril que los diputados aprobaron modificar la fracción VI del artículo 12 de la Constitución Política del Estado de Puebla, ésta no ha entrado en vigor pues todavía falta que sea aprobada por al menos 109 municipios.
