Por Shanik David
Desde noviembre del año pasado, dos juicios de amparo colectivo presentados en contra de la concesión que se dio a favor de Aguas de Puebla se encuentran suspendidos pues la empresa se ha negado a cumplir con requerimientos de información hechos por el juzgado de distrito que lleva los recursos.
El abogado Gilberto Montalvo González explicó que de los tres amparos que se presentaron de esta manera desde 2014, uno fue atraído por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para su estudio, y los otros dos se quedaron en los Juzgados de Distrito.
Como parte del proceso de estudio de los recursos, el titular del juzgado le solicitó a Concesiones Integrales que presentara los documentos relacionados con el título de concesión que ganó desde finales de 2013, para analizarlos y determinar si había alguna violación o si se acreditaban las inconformidades de los quejosos.
En vez de esto, los representantes legales de la concesionaria presentaron un recurso de queja en contra de dicha determinación, el cual sigue en proceso, lo cual implica que será hasta que se resuelva éste que se reactivarían los juicios pendientes.
Montalvo González recordó que dentro de estos recursos se señalan cerca de 30 agravios, como la violación al derecho humano al agua, que no se cumple con la publicidad de las licitaciones públicas, que no se puede privatizar el servicio pues este lo debe otorgar el Estado, además de que que no se debe hacer negocio con este tipo de servicios.
Sin embargo, estos puntos no han sido resueltos por los juzgados federales a raíz del retraso ocasionado por la propia empresa.
Y aunque en la Primera Sala de la SCJN también se estudia el caso de la concesión del de agua potable en Puebla, con el recurso que atrajeron los magistrados, este proceso avanza de manera lenta, pues podría tardar al menos otros cinco meses para que se emita una resolución acerca de la legalidad o no del contrato que le dio el gobierno del estado a la empresa para operar el servicio por los próximos 30 años.
