Por Valentín Varillas
Sí, tiene razón Ana Teresa Aranda cuando supone que, desde el órgano electoral estatal, se filtró la información que hoy tiene en capilla a panistas que supuestamente apoyaron su candidatura al gobierno estatal el año pasado.
La instancia, supuestamente ciudadana, fue parte fundamental de la andanada oficial en su contra, ideada y operada desde Casa Puebla.
Todo empezó desde el momento en el que “la Doña” manifestó su deseo de participar en la contienda.
Puebla fue uno de los estados que más obstáculos puso a las candidaturas independientes.
Dejó un pésimo antecedente cuando el Congreso, manejado al cien por ciento por el ejecutivo, decidió darle forma a una ley electoral que volvía prácticamente imposible la inclusión de independientes en la contienda para renovar la gubernatura.
Las modificaciones hechas por los diputados fueron consideradas como de las más severas en todo el país, yendo así a contrapelo de una tendencia mundial que ha probado su éxito rotundo no únicamente en democracias consideradas como “ más desarrolladas”, sino en países de Latinoamérica.
Ni siquiera la intervención de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación alcanzó para facilitar en los hechos las candidaturas ciudadanas.
En esto último tuvo mucho que ver el actuar parcial del órgano electoral local que se decantó más hacia la defensa de los intereses electorales del actual grupo en el poder y dejó a un lado la prioridad de defender las necesidades políticas de los poblanos.
Pésimo antecedente.
Afortunadamente, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con sus constantes correcciones a fallos del IEE poblano, enmendó en parte la situación.
Sin embargo, la consigna tuvo consecuencias demoledoras para la campaña de Ana Tere.
De entrada, tuvo que empezar dos semanas después que el resto de los competidores, tiempo valiosísimo en una campaña de duración de apenas dos meses.
Después, tuvo que pelear también por sus prerrogativas, aprobadas en principio por poco más de 300 mil pesos y duplicadas semanas después gracias, otra vez, a la intervención del TEPJF.
No fue fácil.
Al principio de su periplo por el tribunal, las cosas se veían por demás oscuras para la poblana.
El proyecto del ministro Salvador Olimpo Nava Gomar -muy cercano a Miguel Ángel Osorio Chong y con ligas con Max Cortázar y Roberto Gil Zuarth, operadores de Rafael Moreno Valle -, en el sentido de rechazar la candidatura, tenía el apoyo de 5 magistrados y la oposición de uno solo.
La columna vertebral del argumento de Nava Gomar, no era el año de militancia partidista -eliminado por el propio tribunal en un dictamen previo-, sino el cargo de Consejera Nacional honoraria que, después de veinte años, le fue otorgado a Aranda por Acción Nacional.
La consigna contra La Doña empezó a ser evidente desde el momento en el que le fueron negados de manera sistemática encuentros con los secretarios instructores.
Fue entonces cuando Ana Tere decidió echar mano de sus alianzas, tejidas en su paso por dos gobiernos federales de extracción panista.
A su causa se sumaron entusiastas Margarita Zavala, Diego Fernández de Ceballos, Germán Martínez, el líder perredista Agustín Basave, el senador del mismo partido Luis Sánchez Jiménez, Jorge Castañeda y periodistas como Javier Solórzano que le abrieron el micrófono a nivel nacional para exponer su caso.
Sin embargo, lo que realmente influyó en cambiar el sentido de la balanza fue la intervención directa de dos personajes cercanísimos a Manlio Fabio Beltrones, quienes se sumaron a favor de Ana Tere e intercedieron por ella, tanto con el círculo cercano al presidente Peña como al interior del Tribunal.
Fue entonces cuando las cosas tomaron un giro radical en tiempo récord: poco más de 24 horas.
Un par de días antes de la sesión, Aranda recibió una llamada en donde le informaban que el presidente del TEPJF, Constancio Carrasco Daza, la recibiría en su oficina a primera hora del jueves.
La reunión, con quien paradójicamente se presentó como “familiar lejano” de Diódoro Carrasco, actual Secretario General de Gobierno de Puebla, se dio en buenos términos pero desde una visión crítica del magistrado al proyecto electoral de Aranda.
El hecho de romper con el PAN después de años de militancia y el tema de la Consejería Honoraria que le dio el partido fueron los cuestionamientos principales.
“Eso nos da desconfianza”-le confesó.
Las razones de Ana Tere fueron claras: rompió con el PAN porque el blanquiazul de hoy ya no es el verdadero PAN y el cargo sele otorgó sin pedirlo, como se hace con quienes en su momento cumplen dos décadas formando parte del Consejo Nacional.
Hasta ahí.
Ya en la sesión del TEPJF, la férrea defensa de los derechos políticos de Ana Tere por parte de la magistrada Maricarmen Alanís fue fundamental para conseguir el apoyo de los demás miembros del Tribunal.
En su discurso, salieron a relucir términos polémicos como el de “violencia política de género” los cuales influyeron en la decisión final.
La correlación de fuerzas cambió a tal grado que llegó el momento en el que el único que defendía el proyecto contra Ana Tere fue su propio autor: Nava Gomar, quien para evitar caer en el ridículo lo cambió y se sumo al voto de la mayoría para convertirlo en una contundente unanimidad.
La derrota morenovallista se había consumado.
Derrota que, sobra decirlo, hoy sigue intentando cobrar facturas.
La cruzada legal y mediática contra Aranda continúa, con la misma intensidad con la que inició y seguramente no terminará con el proceso partidista que se le sigue a 73 de sus supuestos seguidores.
Otras instancias intervendrán.
Otros tiempos políticos vendrán.
Las batallas concluyen y decretan vencedores y vencidos temporales.
A esta guerra, le faltan todavía capítulos importantes por escribir.
