Por Valentín Varillas
Cerca, muy cerca del actual grupo en el poder se encuentra Diego Fernández de Cevallos, ex candidato presidencial, ícono de las concertacesiones panistas con el priismo encumbrado en Los Pinos y, sin duda, uno de los personajes más peculiares de la política mexicana de las últimas décadas.
Fuentes de alto nivel al interior del morenovallismo comentan que el famoso “Jefe Diego” lleva ya meses, simplemente “asesorando” en “algunos temas específicos” a personajes del ámbito estatal y municipal.
El tema es, desde luego, interesante.
Más allá del hecho de que Fernández de Cevallos -en lo personal o a través de su despacho- esté cobrando o no por estos “servicios tan especiales” que presta a los dos niveles de gobierno, llama la atención que se haya logrado tener a la mano a un abogado especialista en la defensa de complicados casos legales que han involucrado a influyentes políticos y poderosos empresarios.
Digamos que se trata de un auténtico viejo lobo de mar, en lo que a casos complicados se refiere.
¿Por qué y para qué lo necesitan? –es la pregunta.
Tal vez la respuesta tenga que ver con un contexto nacional de intensa persecución, jurídica y mediática, de ex gobernadores acusados de actos de corrupción.
Juran los enterados que la cruzada en contra de mandatarios estatales es tolerada y fomentada desde Los Pinos, en un esfuerzo desesperado por repartir la madriza mediática nacional y que ésta no se centre únicamente en la figura del presidente de la República.
Tener a Fernández de Cevallos y su equipo, como abogados de cabecera, es considerado como un auténtico lujo que muy pocos afortunados pueden costear.
En el ámbito de la abogacía nacional se maneja que, para ser siquiera considerado en la cartera de clientes del despacho que el panista opera junto con los ex procuradores Antonio Lozano Gracia y Arturo Chávez Chávez, hay que tener a la mano una auténtica fortuna.
Se habla de cuotas de hasta 200 mil pesos por reunión y cobros de honorarios que en promedio alcanzan los 2 millones de dólares en caso de que el cliente obtenga una sentencia favorable y definitiva.
De confirmarse lo anterior, ésta no sería la primera vez que el Jefe Diego se plantea la defensa de algún servidor público poblano.
Y es que, al terminar el sexenio de Mario Marín Torres, quien fuera su Secretario de Finanzas, Gerardo Pérez Salazar, buscó sus servicios para preparar su defensa legal ante la inminente cacería que iba a desatarse en su contra.
Tenía dos enormes pecados que fácilmente hubieran traído como consecuencia procesos penales en su contra que, inevitablemente, lo hubieran llevado a la cárcel.
El primero, tenía que ver con el desvío de cerca de 3 mil 500 millones de pesos del presupuesto estatal, para realizar inversiones de altor riesgo, en un afán de buscar una utilidad por los rendimientos potenciales de dichas inversiones.
Los recursos fueron destinados a Vector, Casa de Cambio, que no sólo había sido dirigida anteriormente por el propio Pérez Salazar, y que al momento del desvío tenía como ejecutivo estrella a Margarita Rojas, esposa del hoy ex funcionario.
Ella controlaba, absolutamente, aquella cuenta que se alimentaba con recursos del gobierno del estado y que por concepto de “comisiones” le dejó ganancias personales por 26 millones de pesos.
El otro tema “espinoso”, involucraba ya palabras mayores como el lavado de dinero.
Se trata de depósitos por un millón 817 mil 53 dólares a la cuenta de Empresarios Comerciantes Poblanos L.L.C, propiedad del ex alcalde de Izúcar de Matamoros, Rubén Gil, alias “El Gavilán”, detenido en una prisión de Los Ángeles, California, señalado por haber conspirado para distribuir 11 kilos de cocaína en Nueva York.
Fue la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos, quien lo detuvo y presentó ante una corte federal.
El tema, en su momento, fue dado a conocer por el periodista Alejandro Mondragón, quien en su columna escribió que “de acuerdo con la colaboración del gobierno de Estados Unidos, hubo una serie de triangulaciones y pagos de supuestos “eventos” y coberturas mediáticas, a través de la empresa televisiva Univisión, los cuales después fueron depositados en alguna cuenta en Los Ángeles, California, a nombre del ex presidente municipal de Izúcar, detenido en la Unión Americana, acusado de ligas con el narcotráfico”.
Vale la pena recordar que en la última defensa de un ex gobernador, a Fernández de Cevallos y su equipo no les fue muy bien.
El panista llevó el caso de su correligionario, Guillermo Padrés, quien fue encarcelado, junto con su hijo,en noviembre pasado, acusado por los delitos de lavado de dinero y evasión fiscal.
Al parecer, al presentarse ante las autoridades, existía la presunción por parte de sus abogados de que se había llegado a un acuerdo político que evitaría la detención del sonorense.
Algo no salió bien.
Alguien no cumplió el supuesto acuerdo.
No es la mejor carta de presentación en caso de que se cumpliera el escenario en donde sus servicios fueran requeridos con prontitud por algún personaje local.
