Por Valentín Varillas
La detención por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública estatal de dos elementos de la policía municipal que custodiaban dos camionetas que transportaban ocho mil litros de combustible robado, debería de ser suficiente para cesar a Alejandro Santizo, titular de la corporación. .
Poner a disposición de la Fiscalía General del Estado a estos dos uniformados, simple y sencillamente no basta.
Dejar a Santizo en el cargo, sería suponer que no existía ni conocimiento ni complicidad del secretario en estos hechos, lo que en términos reales resulta simple y sencillamente, inverosímil.
Y es que, hasta el más inocente de los ciudadanos sabe cómo se mueven nuestras corporaciones de seguridad, la estructura piramidal que regula sus operaciones y la poca libertad que tienen mandos altos y medios de participar en hechos delictivos sin el consentimiento de sus superiores.
Coyunturas como ésta no permiten una salida digna al involucrado:
Si sabía Santizo de las actividades delictivas de sus elementos y las toleró y fomentó, habrá que colgarle la etiqueta de corrupto.
En el remotísimo caso de que no tuviera conocimiento del involucramiento de policías con bandas relacionadas al crimen organizado, demostraría que es un funcionario sin la autoridad ni la capacidad de mando necesarias para detectar que un par de sus colaboradores están coludidos con la delincuencia.
Cualquiera de los dos escenarios es gravísimo y ameritaría el cese inmediato, fulminante.
Sin embargo, en esta Puebla surrealista, lo que es, casi nunca se empata con lo que debería ser.
El tema, nuevamente, pone un enorme signo de interrogación alrededor de la eficiencia de las pruebas de confianza.
Éstas, no han servido realmente para llevar a cabo una autentica limpia al interior de las corporaciones y mucho menos para terminar de una vez por todas con el maridaje perverso que desde hace décadas persiste entre delincuentes y policías.
Casi todos los días nos encontramos con hechos delictivos en donde se ven envueltos uniformados en funciones, que participan activamente en secuestros, homicidios, extorsiones, asaltos, tráfico de drogas y demás ilícitos.
Además, las corporaciones de seguridad, históricamente, han sido infiltradas por la capacidad corruptora del crimen, organizado o del fuero común, a tal grado, que información supuestamente confidencial que tiene que ver con la implementación de operativos, estrategias de obtención y procesamiento de datos y demás acciones encaminadas a la protección ciudadana, llega con toda impunidad a manos de delincuentes.
Preocupa, sin duda, la protección que desde lo más alto del poder político poblano se le ha dado a Santizo.
Mueve al sospechosimo el hecho de que a los policías involucrados en estos hechos se les acuse únicamente de delitos del fuero común y no del fuero federal, lo que daría mucho más certidumbre a los procesos legales que se seguirán en su contra.
Sí, huele a complicidad.
El millonario negocio del robo y venta de combustible ha permeado hasta la cúpula de la estructura orgánica de varios niveles de gobierno.
Alcanza para eso y para mucho más.
Los detenidos lucen ante la opinión pública como chivos expiatorios menores, los eslabones más débiles de una enorme y bien afianzada cadena de corrupción.
¿Quieren acabar con el delito?
Combatan a quienes han hecho grande el mercado, es decir, a los dueños de gasolineras que compran con cada vez más frecuencia el combustible robado.
¿Se atreverán?
En el sector, hay prestanombres y socios de personajes muy encumbrados en los círculos de mayor influencia en la política y el empresariado poblanos.
A ver si es cierto.
