Por Shanik David
El hecho de que a lo largo del sexenio se haya permitido que el poder político y económico se centralizó en la figura de Rafael Moreno Valle es lo que permitió que hubiera una violación a los derechos humanos más fundamentales, pues se dejó abierta la puerta para reformas legislativas y acciones gubernamentales que atentaron en contra de éstos.
Así lo expresó Eduardo Morales Sierra, integrante del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría al participar el contrainforme que realizaron organizaciones sociales en el marco del acto protocolario del Sexto Informe de Labores de Rafael Moreno Valle, en donde describió que de acuerdo con estudios hechos por el organismo, perteneciente a la Universidad Iberoamericana, se determinó que si bien en Puebla se tiene un antecedente ancestral de represión, en los últimos años ha habido un incremento.
Esto, explicó, pues se ha dado “un desvío de poder” en los últimos seis años, ya que la estructura gubernamental opere para beneficiar a la sociedad “el estado ha usado su poder político, económico y sus actividades para la privatización y la derogación de los derechos colectivos” con el objetivo de favorecer intereses particulares.
En concreto, refirió que las principales violaciones que se han registrado es en lo referente a los derechos de las mujeres, el acceso al agua y la defensa del territorio, pues por estos casos se han llegado a más de 250 presos políticos en los últimos seis años.
Uno de los puntos centrales, describió es en lo relativo a los feminicidios, pues mientras en 2010 la cifra de casos reportados por el Obsevatorio de Violencia de Género de la Ibero Puebla era de cerca de 30, para 2016 se llegó a más de 80, es decir, se dio un aumento de cerca del 300 por ciento en la incidencia anual.
Esto, continuó, se debe en gran medida a que si bien se han dado reformas legislativas para hacer frente a la problemática, en la práctica no se han definido protocolos de actuación o manuales de operación que son necesarios para la atención de las mujeres que son víctimas de violencia, lo cual genera una situación de revictimización de las féminas.
En lo referente a la defensa del territorio, refirió que dentro del Instituto de Derechos Humanos se tienen registrados 15 casos de por violaciones a este derecho, los cuales si bien sonarán como pocos en muchas ocasiones se tratan de expedientes colectivos, como es el caso del conglomerado de municipios de la Sierra Norte que se encuentran concesionados para proyectos mineros o de fractura hidráulica.
En este punto, recordó, se tiene registrado que el 25 por ciento del territorio de la zona norte de la entidad ha sido entregado a empresas privadas para proyectos extractivos o de hidroeléctricas, sin que las particulares se vean obligadas a atender a las comunidades en las que se asientan.
Es más, subrayó que sólo el 1 por ciento de los ingresos que generan estas empresas entran a las arcas públicas por medio del cobro de impuestos, lo que representa una ganancia total de las trasnacionales que han sido defendidas por el gobierno del estado.
