Por Shanik David
Aunque el gobierno del estado afirma que la reparación del daño que se le pagó a Elia Tamayo Montes por la muerte de su hijo José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo es adecuada, activistas en materia de derechos humanos acusan que ésta no llega ni al 10 por ciento de lo que marcan los estándares internacionales.
De acuerdo con declaraciones dadas por Araceli Bautista, madre del expresidente auxiliar de San Bernardino Chalchihuapan, la madre del niño muerto por el impacto de un proyectil disparado por policías estatales en junio de 2014 habría aceptado un millón 700 mil pesos de parte del gobierno del estado al haber sido presionada para recibir tal cantidad.
Al ser cuestionado al respecto Diódoro Carrasco Altamirano, secretario General de Gobierno, dijo desconocer las supuestas presiones en contra de la afectada, pero reconoció que si se dio el pago este correspondió a los indicadores proporcionados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en el pliego de recomendaciones por violaciones graves a los derechos humanos por el caso de Chalchihuapan.
“Somos un gobierno apegado a la ley y se están cumpliendo las recomendaciones, una de las 10 u 11 fue que se cubriera una cuota con criterios internacionales que fijo la CNDH”, mencionó brevemente el encargado de la gobernabilidad del estado al ser cuestionado sobre este punto.
Sin embargo, activistas que siguieron el caso de Chalchihuapan afirmaron que el monto es muy bajo en comparación de otros casos similares que se han dado en otras partes del país.
Esto lo señaló Misraim Hernández Fernández, del colectivo Contingente Puebla, quien detalló que los criterios internacionales en la materia establecen que la reparación integral del daño patrimonial no implica sólo el pago de una cuota, sino que se deben tomar en cuenta diferentes factores.
De entrada, explicó, la reparación no es sólo para la mamá del niño de 11 años muerto a manos de policías estatales, sino que se tiene que cubrir a todo su núcleo familias, incluidas sus hermanas y su papá.
Además, el monto debe cubrir las necesidades de educación y salud de los afectados, es decir debe alcanzar para que las cuatro hermanas de la víctima puedan estudiar todos los grados académicos de manera gratuita, y debe ser suficiente para atender sus necesidades médicas.
Con estos elementos, refirió que el monto debió ser de por lo menos unos 20 o 30 millones de pesos, aunque hay casos documentados en Chihuahua donde las autoridades tuvieron que pagar 60 millones de pesos por la muerte de una niña en circunstancias relativamente parecidas.
Hernández Fernández enfatizó que esto no se trata de una cuestión de dinero, sino que se debe garantizar la estabilidad de la familia del menor, tanto económica como psicológicamente.
Pese a esto, lamentó, para el gobierno del estado sólo se trata de una cuestión de desembolsar dinero, lo cual calificó como “mercenario” pues sólo se intentó acelerar el proceso para que la CNDH dé por cumplidas las recomendaciones.
