Por Shanik David
El hecho de que los diputados locales hayan decidido esperarse a que sea el gobernador electo José Antonio Gali Fayad quien presente la iniciativa para elevar a rango constitucional el derecho humano al agua pone en evidencia que en el estado no hay una verdadera división de poderes, comentó María Eugenia Ochoa, representante de la Asamblea Social del Agua.
Aunque fue desde abril que la organización presentó una iniciativa al Congreso para lograr esta reforma Constitucional, los legisladores han dicho que será hasta febrero que se realice esta, de tal manera que Gali Fayad pueda dar por cumplida la promesa que hizo en campaña.
“Lo que plantean es que lo que se debe hacer es lo que pide el ejecutivo”, lamentó la activista, pues el tema legislativo le corresponde a los diputados y no a los gobernadores.
Señaló que a nivel nacional son 20 estados que ya tienen el derecho humano al agua en sus respectivas constituciones, esto como una homologación a las disposiciones existentes a nivel federal, y que Puebla es uno de los estados más rezagados.
“No es una dádiva o una conquista” añadió al referir que este tema no se debe manejar con fines políticos, como lo están haciendo los diputados, sino que se le debe dar la importancia que representa el reconocimiento de los derechos humanos.
El hecho de que en la Constitución se garantice el derecho al agua, implicaría que el servicio no se podría concesionar, además de que quedarían prohibidos los cortes del abasto o drenaje, medida a la que recurre Concesiones Integrales para obligar a los usuarios a pagar lo que ordene, detalló Ochoa.
Ante la falta de respuesta de los diputados, integrantes de la ASA acudieron al Congreso a entregar un nuevo pliego de firmas de ciudadanos que piden que se haga esta reforma.
Ya suman más de tres mil 500 firmas que han sido entregadas al poder legislativo, y el hecho de que se ignore a los solicitantes implica que para los diputados “sí hay poblanos de primera, segunda y tercera” comentó la activista.
