Por Shanik David
El aumento de las tarifas del agua potable de manera unilateral, injustificada e incluso discreta se ha vuelto la constante desde que la empresa Concesiones Integrales tomó el control del servicio en la zona metropolitana de Puebla.
Una de las estrategias más recientes es el aumento de entre dos y cuatro pesos al recibo mensual que les llega a los usuarios, lo cual a la larga puede llegar a presentar aumentos de 20 pesos en tal sólo unos meses o más dependiendo de cuánto tarde la persona en darse cuenta de este incremento.
Esto lo comentó José Luis García Bello, integrante de la Asamblea Social del Agua, quien comentó que otra estrategia que se presentó en días pasados fue el cambio de estratos a diferentes zonas de la ciudad sin que hubiera razón alguna de por medio, pues por ejemplo la unidad habitacional La Margarita fue ajustada en el sistema tarifario y ahora el servicio tiene un costo de 600 pesos mensuales, lo cual incluso es mayor que las colonias del estrato 5 -el más caro y que toca a las zonas residenciales- donde las tarifas son de 500 pesos.
Pese a este escenario, los diputados locales han hecho caso omiso a la petición que presentó la organización desde abril pasado por medio de la cual solicitan que se incluya a la Constitución Política del Estado de Puebla el derecho humano al agua, lo cual protegería a los ciudadanos.
García Bello recordó que ya han entregado alrededor de dos mil firmas para respaldar la petición de esta reforma y que pese a esto los legisladores han decidido poner por delante los tiempos políticos que atender esta demanda.
Señaló que hace unos dos meses tuvieron una reunión con Jorge Aguilar Chedraui, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política quien les informó, tal y como lo dijo hace unos días Susana Riestra Piña, que se esperarán a que José Antonio Gali Fayad presente la iniciativa con este tema para poderlo discutir.
Con esto, dijo, sólo quieren usar esta reforma con fines mediáticos, además de que representa que no hay una división de poderes pues el ejecutivo le tiene que hacer el trabajo al legislativo.
Para continuar con esta demanda, el 24 de noviembre se volverán a manifestar en el Congreso para presentar un nuevo pliego de firmas, con las cuales lo único que se busca es que se homologue la Constitución local a la federal, la cual incluye este derecho humano desde hace más de cuatro años.
