Vaya que cuesta trabajo ver al ejército patrullando las calles de las ciudades más conflictivas del país en términos de la operación de grupos relacionados con la delincuencia organizada.
Las imágenes nos remontan, invariablemente, a aquellas dictaduras militares que azotaron al continente hace décadas.
Sin embargo, para la complicada realidad nacional en materia de inseguridad, se trata de un reclamo casi unánime de varios sectores sociales.
Los empresarios poblanos lo dejaron bien claro al reunirse con el gabinete de seguridad.
Tienen razón en exhibir la incapacidad que han mostrado las autoridades civiles para combatir al crimen y denunciar la manera tan vil en la que se han aliado con las organizaciones delictivas en perjuicio de la ciudadanía.
Apelan a la confiabilidad que tiene el ejército como institución, en comparación con otras que durante años han traicionado esa confianza social.
La duda sobre la pertinencia de sacar al ejército a realizar labores de patrullaje surge cuando especialistas en el tema reconocen que, al interior de las fuerzas armadas, no se ha llevado a cabo todavía un proceso interno de reestructuración para que militares estén a la altura del reto que significa semejante responsabilidad.
Esto significa alcanzar niveles de capacitación y sensibilización como para lidiar día a día con civiles, no sólo en labores de asistencia en caso de desastres naturales, sino resolviendo aspectos importantes en su vida cotidiana.
Esto supone llegar al complicadísimo punto medio entre autoridad fuerte, incorruptible, decidida, pero a la vez escrupulosamente respetuosa del marco legal en términos de la aplicación del estado de derecho y la protección de los derechos humanos.
¿Estarán ya listos?
A LA CARTA
La historia reciente de este país nos ha enseñado varias veces que instancias ciudadanas realizan acciones que en teoría deberían de ser parte de las obligaciones gubernamentales.
Un ejemplo claro lo representan los esfuerzos que este tipo de instituciones realizan en el combate a la delincuencia y la atención y asesoría de sus víctimas.
Después de presentar en este espacio la historia del secuestro de Javier, recibí un correo de mi querida amiga Verónica Mastretta en donde queda muy clara esa voluntad de ayudar:
“Estimado Valentín: “
“Leí en el periódico lo de la persona secuestrada”.
“Como ustedes saben, existe en Puebla una organización civil que da apoyo a víctimas del delito de manera gratuita y que se llama Justicia Ciudadana”.
“Yo soy miembro del consejo”.
“El año pasado se atendieron a más de ocho mil poblanos de manera totalmente gratuita”.
“Con mucho gusto podemos apoyar a los familiares de la persona secuestrada”.
“Precisamente nuestra organización empezó apoyando a los familiares de una joven secuestrada y asesinada por su novio y un amigo, quienes estaban a punto de salir de la cárcel porque tenían parientes con influencias y dinero”.
“Ahí se formó Justicia Ciudadana, apoyando a los familiares de esa joven para impedir que sus secuestradores y asesinos fueran liberados”.
“Se ha hecho un enorme esfuerzo a lo largo de varios años”.
“Jesús Migoya, presidente de nuestra organización, sabe muy bien que hacer en estos casos, pues él también fue secuestrado y en su momento no denunció”.
“Ahora sabe, al igual que las personas mencionadas en el artículo, que hay que denunciar y que hay que apoyar a los denunciantes”.
“Si les es de utilidad, dénles mi teléfono y con mucho gusto mañana a primera hora los atendemos en Justicia Ciudadana con nuestros abogados y con todo el apoyo que les podamos dar en todos los niveles”.
“De verdad lo haremos con el mayor de los gustos”.
“Un abrazo.”
“Verónica Mastretta”
