Por Shanik David
En el estado de Puebla se tienen identificados al menos 10 casos en los que el impulso de proyectos privados ha derivado en violaciones a los derechos humanos, correspondiendo principalmente a obras de construcción de gasoductos, hidroeléctricas y minas a cielo abierto.
Esto se desprende del “México: Empresas y Derechos Humanos” elaborado por la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” así como cerca de 50 organizaciones sociales, y el cual fue presentado a los integrantes del Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos de la ONU, en el marco de su visita oficial a México.
En el informe se presenta un listado de casos en los cuales el Estado y empresas han violado los derechos humanos de los ciudadanos para imponer proyectos de inversión, y destaca que en el caso de Puebla este tipo de abusos se han cometido casi de manera prioritaria en la Sierra Norte y en comunidades de origen indígena.
”Con base en los 67 casos documentados, se identifican patrones de violaciones y de abusos a los derechos humanos por parte del Estado y de las empresas de diferentes sectores, incluyendo el energético, el extractivo, la construcción, la agroindustria, la maquila, entre otros”, se detalla en el documento que se dio a conocer este lunes.
Contaminación del Atoyac, responsabilidad de Pemex
Entre los hechos violatorios a los derechos humanos que se presentan en el informe, destaca el grado de devastación del río Atoyac, del cual se responsabiliza a Petróleos Mexicanos así como a “Textiles KN de Oriente, Comercial Slect Aresluz, Oxiquímica, Internacional Leg Wear Gruop de México, Brembo México, San Luis Rassini, One Digit, Industrias Polifil, Revestimientos Porcelanite Lamosa, Planta Kerámica, Agraquets, Lamosa Revestimientos, Industrias Mac, Arcomex, Granja Virginia, Ajemex, Industrial Lactel, INADE, Indertec, entre muchas otras mpresas textiteleras”, según lo que se indica en el documento.
El grado de contaminación del río ha ocasionado al menos 48 casos de afectaciones en la salud, además de las afectaciones a los campos de cultivo en las comunidades por donde pasa, por lo que se considera que este fenómeno representa violaciones a los derechos humanos a la salud, a un medio ambiente sano, a la vida, a la consulta, por citar algunos.
Incluso se indica que hay una responsabilidad directa de parte de las autoridades estatales y federales pues no se ha aplicado la ley en la materia, se sigue autorizando la instalación de más empresas en las orillas del río y las instancias que deberían vigilar esto no han tomado cartas en el asunto.
Conflictos por agua
Otro de los conflictos que se mencionan en el informe es el que subsiste en la zona de San Felipe Tepatlán, donde a dos años de que los pobladores han manifestado su rechazo para la instalación de la planta hidroeléctrica Puebla 1, la empresa Deselec 1 S. de R.L. de C. V. -filial de Comexhidro-, sigue intentando imponer esta obra.
Entre las vulneraciones por este proyecto se menciona que aunque fue en 2011 cuando se emitió el permiso para que la empresa explote el caudal del río Ajajalpan, fue hasta hace unos meses que se empezaron los procesos de consulta con la población, esto a pesar que cerca de mil habitantes de la región ya firmaron un documento rechazando la obra desde hace un año.
Por estas irregularidades, el pasado mes de abril un juez federal falló a favor de los pobladores en un juicio de amparo al determinar la suspensión definitiva de la planta, la cual generaría energía eléctrica que se destinaría únicamente al corporativo de Walmart.
Sin embargo, las medidas de hostigamiento y persecución hacia quienes se oponen al proyecto han sido contantes: la existencia de 14 denuncias penales en contra de los activistas, conformación de organizaciones a modo para favorecer consultas amañadas en las que se dé el aval al proyecto y amenazas entre quienes se nieguen a éstas, como se indica en el reporte.
En lo que corresponde a conflictos relacionados con el tema del agua, se incluye el caso de José Ramón Aniceto Gómez y Pascual Agustín Cruz, activistas de la zona de Atla, Pahuatlán, quienes fueron encarcelados por su lucha en defensa del abasto de agua en la región.
Ambos fueron detenidos en 2009 acusados del supuesto robo del vehículo del hijo del cacique de la región y fueron encarcelados sin que hubiera un proceso justo en su contra; sin embargo, la razón detrás de la persecución fue que en 2008, en su papel de presidente auxiliar y juez de paz, respectivamente, habían emprendido un proyecto para abastecer de agua de manera gratuita a los pobladores, lo cual ponía en riesgo el negocio del cacique de la zona.
Fue hasta 2012 cuando a raíz de la intervención de organismos estatales, nacionales e internacionales, los dos activistas pudieron salir de prisión.
Gasoductos, los que más violan derechos humanos
De los casos de violaciones a derechos humanos por proyectos privados, cuatro de los 10 que se han registrad en Puebla corresponden a la construcción de gasoductos o infraestructura relacionada con éstos.
El caso más sonado es el del Proyecto Integral Morelos, el cual incluía un gasoducto que pasaría por terrenos de Morelos, Puebla y Tlaxcala, y que en el estado generó una movilización de pueblos por la afectación a los campos de cultivo y los abusos cometidos por las empresas Bonatti y Abengoa.
Esto derivó en el encarcelamiento de Enedina Rosas Vélez y Juan Carlos Flores Solís, acción que fue implementada directamente por el gobierno del estado de Puebla en contubernio con las empresas trasnacionales en particular fue Bonatti la que fabricó las denuncias en contra de los activistas-; además, se ordenó el cierre de dos radios comunitarias que difundieron mensajes en contra de este proyecto.
En concreto se señala cómo el aparato del gobierno del estado ha operado para favorecer a las empresas por medio del uso de la fuerza pública para amedrentar a los activistas, además que las reuniones de diálogo se usaron para identificar a los opositores para después perseguirlos, de acuerdo a lo que se indica en el documento.
Adicional a este, hay dos gasoductos más que ha derivado en inconformidad de la población y abusos de parte de las empresas y el gobierno; uno de estos es el ducto de gas Altamira-Tula, pero cuya afectación se encuentra focalizada en San Pablito, Montellano, Xochimilco y Zacapehuaya, juntas auxiliares del municipio de Pahuatlán
La información sobre este caso es escasa, pues solo se indica en el reporte que la empresa responsable es Transportadora de gas Natural de la Huasteca S.A. (Tgnhsa), filial de Transcanada, y que la obra ya ha sido avalada por autoridades municipales, estatales y federales, lo cual ha generado conflictos entre los pobladores y el presidente municipal quien ya incluso ha recurrido a amenazas y hostigamientos en contra de quienes rechazan esta intervención.
Otro gasoducto es el de Tuxpan-Tula de Allende, el cual afecta directamente a los municipios de Francisco Z. Mena, Pantepec, Jalpan, Tlacuilotepec, Tlaxco, Pahuatlán, Honey y Venustiano Carranza, en donde la empresa Transcanada ha invadido predios y hostigado a los pobladores para la adquisición de predios, sin que se hayan dado consultas previas.
Además, en la junta auxiliar de Chila de Juárez, correspondiente a Honey, se intenta construir por la fuerza una estación de bombeo para el gasoducto Altamira-Tula, sin consultar con los pobladores, y aunque ha habido acercamientos de la empresa Transcanada con los habitantes son latentes las amenazas de parte de la autoridad e incluso el crimen organizado, explican los firmantes del informe que se entregó al equipo de trabajo.
Minas a cielo abierto
Sólo son dos los proyectos mineros que se mencionan en el documento que representan violaciones a los derechos humanos, destacando el de Almaden Minerals en Ixtacamaxtitlán.
La empresa canadiense es la que más concesiones mineras tiene en la Sierra Norte de Puebla, y en el municipio antes mencionado se encuentra asentada desde hace varios años.
El caso concreto corresponde al de la comunidad Tecoltemi, donde se ha impuesto el proyecto violando los derechos al territorio, consulta previa y el consentimiento libre e informado, lo cual fue denunciado ante la Secretaría de Economía -responsable de las concesiones mineras- sin que hubiera respuesta.
La otra mina a cielo abierto que ha ocasionado abusos se encuentra en la zona de Pahuatlán -con lo cual este municipio se posiciona con uno de los que más conflictos conjuga de acuerdo a lo detallado en el informe-, donde la empresa CANACE lleva más de 50 años extrayendo arcillas y caolín, lo cual ha generado afectaciones en las condiciones del suelo y los acuíferos.
Y aunque los pobladores han pedido dialogo este no se ha dado, por lo que propuestas como “establecer un impuesto fijo por metro cúbico, que atenúe la feroz depredación”, este ha sido ignorada y se persigue a quienes se manifestan en contra del proyecto.
Cortes de CFE también violan derechos
De manera general se hace mención al movimiento de resistencia contra la CFE que mantienen diferentes comunidades de Puebla, Tabasco, Campeche, Chiapas, Oaxaca, Tlaxcala, entre otros.
Se explica que la Red Nacional de Resistencia Civil se fundó en 2009 en contra de las altas tarifas de la energía eléctrica en todo el país, impuestas por la Comisión Federal de Electricidad, lo cual ha derivado en persecución, encarcelamiento y hostigamiento en contra de quienes forman parte de este movimiento, además de que la paraestatal se niega a un diálogo con los inconformes.
