Por Shanik David
Por segunda ocasión el tema de la construcción de la ciclovía del bulevar Hermanos Serdán llegó al pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, por medio de un punto de acuerdo en el cual legisladores del Partido Revolucionario Institucional denunciaron irregularidades en los procesos administrativos de la obra.
Aunque este miércoles se incluyo el punto de acuerdo, la primera vez que se planteó el tema en la Cámara Alta fue el 22 de junio, cuando por medio de un posicionamiento de los representantes del tricolor se exigía que fuera el Congreso del Estado el que hiciera una auditoría o análisis de la situación de este proyecto.
Es más, ambos puntos de acuerdo coinciden al señalar que es necesaria la intervención con respecto a esta obra por “posibles irregularidades, como sobrecostos en su ejecución y anomalías en las licitaciones, adjudicaciones, licencias de construcción y evaluación de impacto ambiental”.
Así como el punto del 22 de junio se dirigía hacia el Congreso del Estado, el que ingresó esta semana requiere directamente al gobernador Rafael Moreno Valle que se entregue un informe sobre los permisos de construcción y evaluaciones de impacto ambiental por “irregularidades en el cumplimiento del cronograma de la obra”.
Esto, se explica, debido a que ha quedado comprobado que los trabajos iniciaron antes de contarse con los permisos correspondientes del ayuntamiento de Puebla -confirmado con la sanción de 10 mil 404 pesos que la comuna le impuso a la empresa Proyecciones en Obra Civil y Carreteras Beta-.
Además del informe al gobierno del estado por estas irregularidades, e incluso por la postura en contra de escuchar las opiniones de las organizaciones sociales que incluso han presentado proyectos alternativos para la intervención de la vialidad, se exhorta a la Auditoría Superior del Estado que se haga un análisis de proceso de adjudicación del contrato por las irregularidades y sobrecostos registrados.
En otro punto de acuerdo, firmado por la diputada Xitlalic Ceja, se denunció el proceso de privatización del Parque Ecológico que ha emprendido el gobierno poblano, en particular por el tema del aviario.
La legisladora explica que acciones como la concesión del aviario y todo el proceso que se siguió para el desalojo de las aves protegidas que habitaban allí representan aspectos que deben ser aclarados por la autoridad estatal, en especial por la sospecha de que la concesión del titulo de concesión se dio de manera “amañana” para beneficiar a Amy Camacho, exfuncionaria estatal.
“Me parece de vital importancia que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, realice una auditoría integral a los recursos destinados para el retiro del domo del aviario y edificación de un acceso subterráneo, debido a posibles irregularidades, como sobrecostos y anomalías en las licitaciones y adjudicaciones”, sentencia la priísta en el documento.
