Por: Valentín Varillas
Enojo y frustración generó en el gobernador electo, Tony Gali, y su círculo más cercano, la orden girada por el actual mandatario estatal, Rafael Moreno Valle, en el sentido de mantener en el próximo gabinete a Gerardo Islas Maldonado.
El exlíder del PANAL no estaba considerado, ni de chiste, en la lista original elaborada con detenimiento por quien ganó la elección del pasado 5 de junio y cuya conformación se basó en criterios de capacidad, eficiencia y lealtad.
Más allá de los beneficios políticos y del apoyo electoral aportado por el partido turquesa, para Gali, entregar así una secretaría en su breve mandato es una factura carísima que hoy se ve obligado a pagar.
Y es que, por si fuera poco, con todo y las fotos juntos en redes sociales y los boletines oficiales de campaña, no existe buena química ni una confianza real entre ambos personajes.
Es evidente que la repetición de funcionarios para el próximo periodo es, además de una medida lógica, necesaria.
Gali no cuenta con un equipo lo suficientemente amplio como para formar un gobierno integrado por puro incondicional.
Como funcionario estatal y como presidente municipal, nunca contó con la libertad mínima necesaria como para formar una cantidad importante de perfiles propios que pudieran crecer políticamente bajo su cobijo y que le profesen una fidelidad absoluta.
Además, si quiere cumplir su promesa de dar resultados de manera inmediata, el gobernador electo tendrá que echar mano de quienes ya cuentan con una importante experiencia en el servicio público poblano.
Lo grave de la imposición de Islas -si esta se concreta- es que se trataría de la primera promesa incumplida del gobernador electo al gobernador en funciones.
Como le comentaba en una entrega anterior, en una privadísima reunión celebrada en Casa Puebla, Moreno Valle le juró a Gali que no iba a entrometerse en la conformación de su gabinete.
“Ni vetos ni imposiciones” -fueron las palabras con las que se selló un pacto que hoy se mantiene con alfileres.
Si Tony no puede ejercer plenamente la facultad básica de todo gobernante de elegir libremente a los hombres y mujeres que desempeñarán los cargos más importantes en su gestión, será muy difícil que en los hechos pueda imprimirle un sello personal e independiente.
En este contexto, ¿qué sigue?
¿Podrá Gali, como gobernador, decidir qué empresas y empresarios se quedan con los proyectos prioritarios de obra pública?
¿Determinar quién sí y quién no podrá convertirse en proveedor de productos y servicios?
¿No será que, más allá de lo que se maneje en el cotilleo político, siempre sí le impondrán filias y fobias?
¿Y qué va a pasar en lo político?
Cuando terminen sus veinte meses de administración, ¿estará en condiciones de influir en el proceso de elección del candidato oficial en el 2018?
¿O será un mero espectador?
Hayan podido o no, todos los gobernadores anteriores han impulsado a un precandidato propio que le cuide las espaldas y compita en aras de garantizar la continuidad del grupo.
Todo parece indicar que en el 2018, habrá una excepción.
La baraja que se maneja para competir por la próxima gubernatura de seis años pertenece, única y exclusivamente a Rafael Moreno Valle y está formada por alfiles que le deben todo, absolutamente todo lo que son en lo político al gobernador en funciones, no al electo.
Bajo esa lógica se moverán durante la gestión de Gali y de ganar, no se la deberán a él, al contrario: serán una extensión más, otra, de quien ha podido sentar las bases de un nuevo maximato poblano.
De nadie más.
