Por Shanik David
Dentro de los lineamientos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública que entró en vigor el pasado 5 de mayo, se hacen ajustes a los procedimientos de la Comisión para el Acceso a la Información Pública para que ya no se permitan ampliaciones de último minuto para parar los recursos de revisión.
Esta fue una de las estrategias que se volvieron sistemáticas durante la actual administración que tenían como fin principal retrasar la resolución de los casos que son analizados por el órgano garante y, en consecuencia, aplazar la entrega de la información; implica que una vez que se cita a sesión del pleno y se enlista algún expediente en concreto, el sujeto obligado -siempre alguna dependencia del gobierno del estado- enviaba la noche antes de la cita, o incluso minutos antes, información adicional con lo que se tenía que suspender la aprobación del acuerdo hasta no saber qué se había proporcionado.
Esto era válido pues en la ley anterior no se tenía ninguna restricción en esta materia, sin embargo en la nueva norma se indica que una vez que se cierra instrucción, es decir que el expediente pasa a la etapa para emitir un acuerdo, ya no se deben permitir más información de ninguna de las partes.
Lo anterior ya había ocasionado algunos problemas al interior del pleno de la CAIP, pues en semanas anteriores se permitieron ampliaciones con la justificación de que se trataban de casos que comenzaron su proceso con la anterior ley.
Pero para la sesión de este jueves la situación llegó a un punto álgido, pues 32 minutos antes de la sesión la Secretaría de Finanzas y Administración envió una ampliación de información para un recurso que ingresó después del 5 de mayo, es decir que estaba sujeto a los criterios nuevos.
Pese a esto, tanto la coordinación jurídica de la comisión como los comisionados Gabriela Sierra Palacios y Javier Fregoso Sánchez consideraron que era válido no sólo aceptar la información sino retrasar la resolución del expediente por esta ampliación.
El recurso había si estudiado y resuelto por Norma Estela Méndez Pimentel, quien posterior a la sesión explicó que el resolutivo que iba a presentar iba en el sentido de que la SFA había incurrido en una falta al cambiar la modalidad de entrega de la información, pues para no darla en formato digital argumentó que el volumen era excesivo y tenía que revisarse directamente en las oficinas.
Ante la postura de mayoriteo de los comisionados, Méndez Pimentel denunció en el pleno que por el hecho de ser ella sola no podía defender sus posicionamientos, además de que se evidenciaba un aparente actuar a espaldas suyas por parte de sus dos compañeros, pues aunque la información adicional llegó media hora antes de la sesión, Sierra Palacios llegó a la reunión con los argumentos por escritos para respaldar el aceptar la ampliación.
Aceptar esta información, dijo Méndez Pimentel, sienta un precedente para futuros casos para que los sujetos obligados incurran en esta violación al proceso que marca la ley y que esto sea respaldado por la propia comisión.
Por esta razón insistió que ella no aceptaría los nuevos datos proporcionados por la dependencia estatal y el asunto tuvo que ser turnado a otro comisionado para su estudio.
